Compromís presentó hoy un "plan de choque por la democracia y la transparencia en la vida pública y contra la corrupción", que cuenta con una batería de medidas como la creación de un registro de obsequios a autoridades y funcionarios de la administración, así como una norma que regule los regalos que estos hacen a terceros, puesto que "la discrecionalidad no está reñida con la transparencia y el control, y no es sinónimo de arbitrariedad".

Así lo explicó la diputada Mónica Oltra, en la rueda de prensa que ofreció junto a Mireia Mollà, para presentar las Proposiciones de ley que plantea su grupo, en la que instó a convocar un pleno monográfico sobre la corrupción, puesto que "ya existen medidas" concretas para debatir.

Se trata de una Proposición de Ley para regular el régimen de los obsequios, que incluye sanciones al incumplimiento de la misma. Además, contempla la creación de un registro de los obsequios y las atenciones protocolarias a las autoridades, funcionarios y empleados públicos de la Administración valenciana, que tendrá carácter público.

El plan también incluye una ley sobre gastos protocolarios y otros regalos de representación de la administración, ya que estas atenciones cuentan con una partida presupuestaria que, según explicó Oltra, "no se puede fiscalizar" y, en ocasiones, tiene "dudosa finalidad".

Otras dos iniciativas están dirigidas a las fundaciones y empresas públicas o privadas con representación mayoritaria de la Generalitat y prevén que los patronatos o consejos de administración cuenten con representación parlamentaria, en proporción al número de diputados pero que, en cualquier caso, sea de al menos un representante por grupo.

También contemplan que se nombren tres auditores públicos por cada entidad, de los que uno será a propuesta del grupo que dé apoyo al Gobierno y dos de la oposición. La norma también prevé la posibilidad de que el pleno no ratifique las propuestas y sostiene que, en ese caso, la fundación o empresa en cuestión "no podrá realizar ninguna actividad ni recibir consignación del presupuesto de la Generalitat".

Además, el plan cuenta con una Proposición de Ley para crear un registro de contratos menores y pagos por caja fija, que también incluirá una sección de contratistas, los cuales se deberán inscribir tres meses antes de contratar con la administración.

El sistema informático de este registro, explicó, permitirá el acceso público a todos los ciudadanos, salvaguardando la información que afecte a personas físicas y esté protegida por la Ley de Protección de Datos, mientras que los diputados de las Corts tendrán acceso a toda la información contenida en dicho registro, sin perjuicio del deber de reservar la información protegida.

Oltra apuntó que las medidas que propone el plan de choque están incluidas en el código ético aprobado el pasado mes por el Comité Ejecutivo del PP, por lo que si los diputados populares votan en contra "primero tendrán que explicarlo al presidente del PP, Mariano Rajoy, y después a los valencianos", aunque consideró que "es muy difícil explicar por qué se está en contra de la transparencia".

Por su parte, Mireia Mollà justificó la necesidad del plan en la autonomía porque "el debate sobre la corrupción está focalizado a la Comunitat Valenciana" y, por ello, es "primordial que sea la primera comunidad en responder a esta cuestión".

Control presupuestario

Además, Mollà presentó las acciones que plantea su grupo para aumentar el control de los presupuestos de la Generalitat, entre las que destacó la creación de una Comisión especial de control presupuestario para conocer el "destino real del dinero público".

También propuso una Comisión de control de contratación administrativa, con el fin de "revisar periódicamente" esta actividad y poner los mecanismos adecuados para acabar con lo que calificó como "escapismos que se ha inventado el PP".

Asimismo, la iniciativa contemplará que los representantes de las fundaciones y empresas públicas puedan comparecer periódicamente en las Corts "sin ningún tipo de prohibición" ya que los diputados, según dijo, están "cansados de que comparezcan los consellers para "desviar la atención y no responder a las incógnitas de la oposición", por lo que el objetivo es que acudan "los funcionarios para dar cuenta de las órdenes de los altos cargos".

Cajas de ahorro

En concreto, Mollà, pidió la comparecencia de los presidentes de los Consejos de Administración de las cajas de ahorro valencianas y, especialmente, los de Caja Mediterráneo y Bancaja para que informen "la razón por la que han abandonado su acción social para enfocar su actividad en la especulación y que faciliten los datos reales de la situación económica que viven", ya que "gestionan muchos recursos de los valencianos".

Tras ello, la portavoz adjunta de Compromís aseguró que los parlamentarios se podrán "situar en un debate más objetivo sobre las posibles fusiones entre cajas de ahorro".