El Gobierno andaluz ha aprobado este martes un borrador de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género, que será remitido al Ejecutivo central, en el que, entre otras medidas, se plantea la suspensión del régimen de visitas a los hijos para los padres que hayan sido denunciados o condenados por maltrato.

En la rueda de prensa posterior a la Consejo de Gobierno, la consejera de Igualdad y Política Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presentado el contenido tanto de este pacto para la erradicación de la violencia de género como de otro pacto de Estado, que también se propondrá al Ejecutivo nacional, en defensa del sistema de atención a la Dependencia.

La propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha expresado en la reunión del Consejo de Gobierno que estos pactos no pueden esperar a que pasen las elecciones generales del 20 de diciembre, sino que se tienen que producir "cuanto antes", según ha trasladado a los periodistas el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez.

En cuanto al pacto para la lucha contra la violencia de género, cuyo borrador también se remitirá a agentes sociales e institucionales, colegios profesionales y Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, la consejera ha manifestado que los datos de 48 víctimas mortales en este año, 10 de ellas andaluzas, y de 41 menores huérfanos a causa de este tipo de violencia ponen de manifiesto que hay que tomar medidas rápidas, efectivas y contundentes contra esta lacra.

Ha lamentado que el Gobierno central se haya dedicado en esta legislatura a recortar las partidas tanto para lucha contra la violencia de género como para políticas de igualdad.

El documento de pacto de la Junta plantea, entre otras medidas urgentes, la suspensión del régimen de visitas a los hijos para padres denunciados o condenados por maltrato; la reposición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado durante los últimos cuatro años un 17 por ciento; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales, y la reactivación inmediata de la actividad del Instituto de la Mujer estatal.

Sobre la suspensión del régimen de visitas de padres maltratadores a hijos, la consejera, que ha apuntado que este asunto es de competencia de los tribunales, que son los que deciden sobre el régimen de visitas, ha explicado que se trata de evitar casos de menores "utilizados o incluso asesinados" por los padres para "vengarse de las padres", a las que no pueden acceder por encontrarse en centros de acogida. A su juicio, este tema hay que regularlo y hablar de él "con toda la crudeza que tiene".

De otro lado, la Junta también propone el restablecimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la inclusión en las estadísticas oficiales de las víctimas indirectas (familiares, amistades y entorno más íntimo de las mujeres) para conocer el alcance real de esta lacra.

En el ámbito de la sensibilización, investigación y prevención, el texto incide en el fomento de una red de colaboración ciudadana con especial implicación de los medios de comunicación y del sector publicitario. Asimismo, plantea la necesidad de profundizar en el conocimiento de esta violencia y en la integración de la perspectiva de género en todas las etapas académicas, con el fin de revertir los estereotipos sexistas y violentos, así como una formación especializada a los profesionales de la educación, la justicia, la seguridad, la salud y la comunicación.

En cuanto a la atención integral a las víctimas, se propone establecer protocolos de intervención específicos y, en materia institucional, profundizar en la cooperación de las administraciones autonómica, estatal y local; introducir la participación de asociaciones; promover protocolos y planes estratégicos, y crear una comisión de seguimiento que vele por el cumplimiento de objetivos.

Aportar el 50

Por ciento en dependencia

Respecto al pacto en defensa del sistema de autonomía y atención a la Dependencia, recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, y también se dirige a las diferentes fuerzas políticas, colectivos y agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales y otras entidades representativas de los intereses de las personas en situación de dependencia.

Mientras se materializa este pacto de Estado y se ponen en marcha sus contenidos, la Junta plantea al Gobierno central adoptar medidas urgentes para evitar el deterioro del sistema. Entre ellas, que la administración central vuelva a financiar el 50 por ciento del coste total del sistema, tal y como marca la ley estatal en vigor, frente a la actual aportación que se ha reducido al 22 por ciento. Asimismo, se propone reponer la inclusión en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares y no profesionales (en un 94 por ciento mujeres), suprimida por un real decreto de 2012.

La consejera ha expuesto que el primero de los ejes del acuerdo se dirige a replantear el modelo de financiación del sistema a través de su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de consolidar un marco estable y suficiente que asegure su sostenibilidad.

En segundo lugar, el Ejecutivo andaluz propone el impulso de servicios de calidad profesionalizados y la reactivación de un sector que sólo en Andalucía supone casi 50.000 empleos. Como tercer eje, se plantea el compromiso para asegurar la responsabilidad pública en el sistema, mediante la gestión directa de todo el proceso de valoración, prescripción e inspección, sin menoscabo de la participación de entidades sin ánimo de lucro y empresas.

La propuesta subraya el papel de las corporaciones locales, como administraciones más cercanas al ciudadano, en la prestación de una atención de calidad. En este sentido, solicita la derogación de los artículos de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que "atentan contra la capacidad de las diputaciones y los ayuntamientos para seguir siendo puerta de entrada al sistema de servicios sociales".

Se considera también imprescindible realizar un nuevo baremo de valoración de la dependencia más preciso e idóneo, así como corregir los cambios introducidos por la Administración central en este aspecto. El quinto de los ejes plantea simplificar y agilizar los procedimientos en sus distintas fases (solicitud, valoración, programa individual de atención, provisión del servicio y seguimiento), de manera que el plazo total no supere los seis meses.

Otros dos objetivos planteados se dirigen a impulsar la efectiva coordinación de los servicios sociales y los sanitarios, así como recuperar los mecanismos de participación y transparencia que, a juicio del Consejo, han sido cercenados por los sucesivos recortes en la actual legislatura.

Como último eje, la Junta propone que cualquier reforma sustancial del sistema se lleve a cabo con todas las garantías democráticas y no mediante fórmulas excepcionales que eviten su debate en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo andaluz señala que las modificaciones legales y los recortes adoptados de forma unilateral generan inseguridad en personas, instituciones y empresas del sector.

Sánchez Rubio ha recalcado que la Junta ha sostenido el sistema prácticamente en solitario, pese a que los recortes del Gobierno de España han provocado una pérdida de financiación de 508 millones de euros a lo largo de la legislatura. Ha apuntado que, según las propias certificaciones emitidas por el Imserso, el Ejectutivo andaluz viene aportando el 78% de los recursos frente al 22% del Estado, cuando la ley plantea un reparto al 50%.