La asfixia financiera que ahoga a la Generalitat valenciana, y de la que sobrevive gracias a la respiración asistida del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) estatal, se traduce en un déficit crónico anual de 1.300 millones de euros. Ello, unido a los 44.975 millones de euros de deuda (2,5 veces su presupuesto anual, datos del Banco de España) y al bajo nivel inversor, dibuja un escenario insostenible, pero que no se soluciona.

El jefe del Consell, Ximo Puig, arrancó a Mariano Rajoy el compromiso de "intentar" cerrar el nuevo sistema de financiación este año. Lo hizo apenas dos días después de que el Govern catalán convocara el referéndum del 1-O. Pues bien, hoy es 2-O y nada ha cambiado para los valencianos. Es más, ha ido a peor. La deriva independentista ha acabado difuminando cualquier cuestión territorial paralela. Lo que Puig bautizó como "el problema valenciano" sería hoy, más bien, una solución: pactar la financiación autonómica sin hacer mucho ruido.

Es cierto que el Consell amagó con "montar un pollo", en palabras de la vicepresidenta Mónica Oltra, pero los ecos del malestar apenas llegan a Madrid. Los sindicatos, en quienes recayó la organización de la marcha por una financiación justa, la han aplazado más de un mes. Lo de Cataluña sí es un problema. Y lo eclipsa todo.