En el futuro que nos pintan los profetas de la llamada Internet de las Cosas (IoT en sus siglas en inglés) los objetos hablarán entre sí, manteniendo conversaciones para servirnos mejor. Los electrodomésticos podrán avisar cuando tengan problemas o les falten suministros (detergente, alimentos). Los coches podrán intercambiar datos para evitar accidentes y prevenir averías. Las máquinas y herramientas emplearán menos fuera bruta y más inteligencia para cumplir con sus funciones. Y si la actual legislación no se modifica, las leyes se transformarán en un grave problema para los usuarios y clientes. Porque en su obsesión con endurecer y reforzar las leyes de defensa de la ‘propiedad’ intelectual los legisladores han creado una tupida red de normas que ya empiezan a dar problemas inesperados y surrealistas.

Por ejemplo los granjeros estadounidenses está que se suben por las paredes debido a que una ley diseñada para evitar el pirateo de software les impide reparar sus propios tractores. Como los automóviles y casi cualquier otro producto de consumo actual los tractores que usan los agricultores contienen cada vez más software para controlar todas sus funciones, y la consecuencia es que cuando se avería el modo de repararlos es usando programación. Pero las provisiones de una ley estadounidense denominada Digital Millenium Copyright Act (DMCA, ley de derechos de autor de la era digital) hace ilegal cualquier modificación del código por cualquier parte interesada que no sea el fabricante. Esto impide a los agricultores reparar sus máquinas como han hecho siempre, y les obliga a transportarlas a concesionarios autorizados y pagar lo que estos decidan. Y no sólo eso: no están autorizados a instalar nuevo software por su cuenta para modificar su máquina, comprada y pagada.

De hecho según el fabricante estadounidense de maquinaria agrícola John Deere y llevando al extremo la lógica de la ley en realidad quienes le compran un tractor no son propietarios de éste, sino usuarios licenciados: igual que quien utiliza un sistema operativo en realidad no es su dueño como lo sería de un trozo de tierra o de un objeto cualquiera, sino un simple usuario. Según esta lógica si la Internet de las Cosas llega dejaremos de ser propietarios de nuestras máquinas, herramientas y aparejos, y pasaremos a ser simples usuarios limitados por licencias drásticas reforzadas por leyes inflexibles.

Por eso entidades como la Electronic Frontier Foundation (EFF) han presentado una demanda ante los tribunales estadounidenses para intentar que se inhabiliten algunas de las cláusulas más restrictivas de la DMCA. Si no se corrigen estos excesos de la ley se podría producir una catastrófica pérdida de derechos por parte de los usuarios y un aumento desmedido del poder de las empresas sobre sus clientes. Imaginemos una lavadora que sólo funciona con un detergente, y no con otros; o un automóvil que limite la gasolina a utilizar o los destinos a los que ir. Imaginemos una televisión en la que algunas cadenas no se puedan ver, y que cambiar el software para eliminar esta limitación sea legal según las leyes de protección de la ‘propiedad’ intelectual.

John Deere tiene razón: sería un mundo en el que dejaríamos de tener los derechos de un propietario para pasar a ser meros inquilinos de nuestras máquinas, nuestros electrodomésticos y nuestras herramientas. Sería una intolerable reducción de nuestros derechos como consumidores a modificar, mejorar o reparar aquellas máquinas y objetos que hemos comprado y pagado, y que son nuestras. En un mundo en el que aquello que nos rodea cada vez tiene menos parte física y más de programación las leyes que rigen el software no pueden entrar en colisión con los derechos del consumidor, y en según qué ocasiones incluso con los derechos humanos. Esas leyes deben cambiarse antes de que creen problemas mucho más graves que los que pretenden, y fracasan, en resolver.