Con las dificultades de la negociación todavía abiertas, y sin saber aún si encontraremos la manera de lograr un divorcio amistoso, la Unión Europea se enfrenta, durante el próximo periodo, al serio reto de hacer frente a las consecuencias de la salida del Reino Unido. No es el único reto que le espera, pues al mismo hay que sumar los problemas no resueltos de la gobernanza del euro, la erosión de los valores democráticos en los países del este, o el auge del populismo, con su última versión recién inaugurada en Italia.

Para hacer frente a ello, la  Unión Europea tendrá menos presupuesto, pues a la salida del Reino Unido hay que añadir la presión de otros países para reducir su factura europea. Es probable que los programas que más recursos consumen se vean afectados. Entre ellos destaca la política de cohesión, que representa un tercio del presupuesto. La política de cohesión es la que financia las infraestructuras –como carreteras o el AVE en España–, pero también las políticas activas de empleo y formación, la garantía juvenil, y buena parte de la política de innovación tecnológica y de adaptación al cambio climático. Es, en definitiva, un instrumento clave para lograr la cohesión en un continente donde la región más rica recibe casi diez veces más renta per cápita que la más pobre.

Los escenarios que baraja la Comisión Europea proponen concentrar los recursos en las regiones menos desarrolladas –aquellas con una renta per cápita por debajo del 75% de la renta media europea (Extremadura, Andalucía y Murcia en nuestro caso)–, o incluso solo en los denominados ‘países de cohesión’, esto es, Portugal, Grecia y los países del este. La racionalidad económica que hay detrás de esta decisión parece impecable: si entendemos la cohesión como convergencia económica, es ahí donde deben concentrarse los recursos.

Pero esta decisión sería un error, pues la política de cohesión es mucho más que convergencia económica. Al promover la europeización de las políticas públicas, es la mejor manera de acercar el presupuesto de la Unión Europea a los ciudadanos, que ven de manera evidente cómo ser miembros de la Unión Europea contribuye a su prosperidad. La política de cohesión contribuye a crear un marco de valores y métodos compartidos en torno al modelo europeo de desarrollo inteligente, sostenible e inclusivo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin la base que representa la actual política de cohesión, el pilar territorial de la construcción europea puede verse amenazado.

España debe activar urgentemente sus mecanismos para evitar que este escenario se cumpla. Los logros históricos de la política de cohesión en España son abrumadores: sin ellos no se entiende el despegue económico de nuestro país. Ahora que pasaremos a ser contribuyente neto, España debe liderar una nueva manera de entender la política de cohesión. Pero para ello deberíamos mostrar resultados y capacidad de ejecución de los fondos ya asignados (39.000 millones de euros en el periodo actual), algo que en estos momentos es difícil de sostener, dados los bajos ritmos de ejecución y el enorme retraso que se lleva en la misma. En 2017, España solo había ejecutado el 8% del total de fondos para los años 2014-2020. Nuestro peor enemigo en esta batalla es nuestra propia desidia.

Para un país con la necesidad imperiosa de cambiar su modelo de crecimiento, estos fondos son un instrumento esencial. Sin ellos será casi imposible. Por ello es imprescindible que las administraciones públicas españolas se apliquen y consigamos mostrar que, bien gestionados y ejecutados, los fondos de la política de cohesión construyen más Europa que todas las declaraciones del Consejo y el Parlamento Europeo juntas. Pero para ello hay que ponerse manos a la obra con diligencia. Como en otras ocasiones, si vamos a demandar solidaridad, conviene ofrecer resultados.