Para un periodista de información económica como un servidor, adorador impenitente del dato, siempre resulta resbaladizo abordar temas de cariz político basados en mayor medida en declaraciones y posiciones partidistas que en cifras y ratios. Sin embargo, hace mucho que asumí que economía y política o política y economía, tanto me da, van de la mano, son indisolubles y lo uno no se entiende sin lo otro. Por este motivo, no puedo zafarme de tratar el monotema conocido como "conflicto de Cataluña".

La economía y las cifras han irrumpido con fuerza en la argumentación tras el 1 de octubre y pocos dudan ya de que la decisión de más de un millar de empresas, entre ellas las más grandes y renombradas, de trasladar su domicilio social, y algunas también el fiscal, fuera de Cataluña, ha resultado un mazazo para las tesis de los independentistas. Estos han achacado las decisiones del tejido empresarial catalán a presiones conspiratorias urdidas desde Moncloa y algún otro despacho.

No dudo de que el Gobierno de Mariano Rajoy se haya alegrado, pero por mucho que insistan los partidarios de la secesión, hay una máxima que todos sabemos: el dinero es miedoso. A lo que añadiría: y no se casa con nadie. Los catalanes lo saben, suyo es el chascarrillo de "la pela, es la pela".

Aunque los independentistas lo achaquen a una venganza del resto de los españoles, que yo no digo que algo de eso haya, empezó con una preocupación justificada. Muchos ahorradores que tenían dinero en La Caixa y Sabadell, que son millones, decidieron cambiar de banco ante la incertidumbre creada por el Gobierno de Cataluña.

Las decisiones de estas empresas están justificadas porque empezaron a perder negocio. Las grandes tienen más intereses, no ya en el resto de España, sino en otros países, y sus clientes y proveedores, a los que la independencia de Cataluña les suena a chino, no están dispuestos a negociar con empresas que pueden estar fuera del euro de la noche a la mañana. No hay conspiración, sino miedo y una realidad económica tozuda.

No quiero terminar la columna sin un dato: la Generalitat tiene una deuda de 75.443 millones de euros que, repartidos entre los 7,44 millones de catalanes, supone que cada uno se llevará en la mochila una deuda de 10.092 euros. Aunque las comparaciones son odiosas, la Comunidad de Madrid acumula deuda por valor de 31.662 millones, y cada madrileño, 4.889 millones. La mitad. Y digan lo que digan, cada administración es responsable de sus actos. Y sus deudas.