Como no tenía ya bastantes frentes abiertos, el Gobierno español ha de resolver en las próximas semanas una decisión de calado internacional: la posible extradición de los escritores  de origen turco, Hamza Yalçin y Dogan Akhanli, sueco el primero y asilado alemán el segundo, a Turquía. Una vez más, su indeterminación genera el problema. Porque aunque traten de esconderse tras los jueces o la Interpol, el Ejecutivo de Rajoy sabe que estamos ante un acto de soberanía. La decisión corresponde al Gobierno que, a nuestro juicio, no debería de tener ninguna duda respecto a la defensa de la libertad de expresión y si me apura, el derecho a la vida y la integridad física.

Turquía reclama a 60.000 exiliados turcos. ¿Serán Yalçim y Akhanli los primeros de la lista? ¿Será España la primera en abrir el camino de la deportación de escritores turcos en Europa? ¿Está en condiciones España, el país con mayores desaparecidos forzados, de contribuir a una estrategia de represión, sin que le pese lo más mínimo?

La situación generada ante la que exigimos una clara respuesta del Gobierno español parte de argucias más que reprobables por parte del Gobierno turco como haber usado la Interpol de medio para llevar a cabo detenciones de escritores y periodistas fuera de Turquía, extendiendo ansias de opresión más allá de sus fronteras. En nombre del estado de emergencia y tomando como excusa al terrorismo, se han cerrado 170 medios en ese país y hay cientos de periodistas encerrados en las cárceles, muchos de ellos ya están siendo enjuiciados como sucedió en julio con los 19 empleados del diario Cumhuriet, en una operación clara de silenciar voces independientes o críticas.

Como viene siendo demasiado habitual, el Gobierno no ha aclarado en sede parlamentaria el debate suscitado. De la comparecencia del ministro de Justicia, no pudimos extraer conclusión alguna, más que un silencio del que no seremos cómplices.

El PSOE se opone a la extradición. Así lo manifestamos en el Congreso esta semana con claras advertencias y argumentos jurídicos.

Según sentencia del 6 de septiembre de 2016 de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, España no podrá extraditar al periodista a Turquía sin el acuerdo de Suecia, país cuya nacionalidad también ostenta Hamza Yalçin.

En el supuesto de que un Estado miembro de la Unión Europea reciba una solicitud de un Estado tercero relativa a la extradición de un nacional de otro Estado miembro, este primer Estado miembro deberá comprobar que la extradición no vulnerará los derechos a que se refiere el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Texto que advierte también de que se “deberá comprobar si, en las circunstancias del caso, existen razones serias y fundadas para creer que ese ciudadano de la Unión, tras ser extraditado al Estado tercero requirente, correrá un riesgo real de sufrir en ese Estado un trato inhumano o degradante. ”Si me extraditan, no sobreviviría una tercera vez en las prisiones turcas", ha declarado a los medios recientemente Akhanli. Su país “no es el que era hace siete años, el que se quería democratizar: todo se ha dado la vuelta".

De hecho, Turquía ha suspendido hace más de un año ya la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el marco internacional que garantiza la libertad de expresión, la prohibición de la pena de muerte, tratos degradantes y tortura, entre otros. Volver a hablar de la pena de muerte ya provocó que la UE recordara a Turquía que no hay hueco para un país con la pena capital en la alianza comunitaria.

Mientras se producía este debate en el Congreso, observadores enviados por los gobiernos de Suecia y Alemania comprobaban directamente las intenciones del Ejecutivo español sobre dos de sus ciudadanos. El silencio de Rajoy ha despertado el recelo de la comunidad internacional.  

Y por si “nuestro presidente bajo sospecha” precisara de argumentos “más afines”, hasta el Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha afirmado que Turquía se aleja a pasos agigantados de Europa. Con esas declaraciones censura claramente las últimas decisiones del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan en materia de Derechos Humanos y Estado de Derecho. Se une a la Canciller alemana Merkel o al presidente austriaco Christian Kern, entre otros.