Son días decisivos para la Unión Europea. Esta semana, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, presentará en la eurocámara su informe anual sobre el estado de la Unión. No llevará buenas noticias: el Reino Unido votó por salirse de la Unión Europea, la crisis de los refugiados ha erosionado en gran medida los valores forman parte de los pilares del proyecto, los partidos xenófobos ganan posiciones en el este y el centro del continente, se incrementa el miedo frente al terrorismo –con varios ataques masivos durante este año- y el crecimiento económico del continente sigue en cifras decepcionantes. Más tarde, los líderes de la Unión Europea se encontrarán en Bratislava para reflexionar sobre el futuro del proyecto una vez se consume la salida del Reino Unido, que ha alentado las posiciones en contra de la integración en los países tradicionalmente más escépticos, como el Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa), que busca recuperar competencias transferidas a la Unión Europea, y desandar parte del camino ya avanzado. Irlanda, a su vez, ha abierto otra brecha al incorporar al elenco de problemas de la Unión su competencia desleal en materia fiscal.

Las soluciones no parecen fáciles: la arquitectura institucional de la Unión Europea está construida sobre la base de tratados cuya modificación requiere de procesos complejos y de unanimidades hoy difíciles de prever. Se incrementa la complejidad de la gobernanza al tiempo en que se diverge en los objetivos esperados al proceso de integración.

Las múltiples crisis que vive la Unión Europea tienen razones tanto económicas como políticas: los líderes europeos más irresponsables han encontrado en Bruselas un magnífico chivo expiatorio al que dirigir sus invectivas, exonerando así su propia incapacidad de ofrecer resultados tangibles en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Es una actitud irresponsable y peligrosa, pues nos hace recordar tiempos pretéritos con funestos resultados. Pero esto no obsta para reconocer el grado de responsabilidad que debemos atribuir también a las propias instituciones, atenazadas por unas reglas que dificultan su adaptación a estos tiempos de rápido cambio basado en la economía red y en las transformaciones productivas. La Unión Europea no tiene la culpa de la falta de adaptación del empleo tradicional a las nuevas realidades económicas basadas en la digitalización y la globalización, pero sí es su responsabilidad ofrecer un marco adecuado para que los estados miembros hagan frente. Los fondos estructurales son un buen incentivo, así como el plan Juncker, pero su peso es ridículo comparado con los efectos perniciosos de la austeridad aplicada durante la crisis de 2009 a 2014. La estrategia Europa 2020 para un crecimiento sostenible, inteligente e inclusivo duerme el sueño de los justos y ya pocos, salvo algunos románticos, se refieren a ella de manera sustantiva. De esta manera, el desempeño innovador de la Unión Europea se mantiene, globalmente, en una posición mediocre comparado con sus más directos competidores como Estados Unidos, Corea del Sur o China. No hemos ratificado, todavía, el acuerdo de París sobre Cambio Climático (cosa que sí han hecho Estados Unidos y China), y los índices de pobreza y exclusión social no se han revertido pese al incipiente crecimiento económico.

Sobre esto deberían reflexionar esta semana los miembros del Parlamento Europeo en el debate sobre el Estado de la Unión, y los líderes que se reunirán en Bratislava. Porque si la Unión Europea no es capaz de ofrecer un futuro compartido basado en la economía de la innovación, la sostenibilidad y la cohesión social, capaz de responder ante los retos que trae consigo la nueva realidad económica global, su suerte estará echada.