El software se está comiendo al mundo, declaraba hace unos años el inversor y tecnólogo Marc Andreeseen, y cada vez lo estamos viendo más y más claro. Nuevos productos y servicios dependen de nuevos programas, hasta tal punto que a menudo SON nuevos programas: la clave de utilidades como la entrega a domicilio, el alquiler de vehículos eléctricos o de bicicletas o la realización de trabajos a domicilio son aplicaciones cuya existencia es únicamente virtual y que residen en espacios alquilados en la ‘Nube’, donde quiera que sea y lo que quiera que sea. Y no sólo en el ámbito de la empresa privada: las administraciones públicas cada vez ofrecen más servicios vía software, y pronto exigirán (por mor del ahorro de costes y la eficiencia) que cumplamos nuestras obligaciones para con ellas por esta vía. Todo lo cual no tendría por qué ser un problema, pero se convierte en uno cuando esta realidad tropieza con un obstáculo inesperado: las leyes de protección de la ‘propiedad’ intelectual y la extrema susceptibilidad de las empresas a la crítica, que combinadas nos pueden meter en líos muy serios.

Si el software es cada vez más importante para la estructura y el buen funcionamiento de la sociedad garantizar su funcionamiento correcto y seguro es cada vez más importante para la sociedad en su conjunto. Si nuestras ciudades, nuestros electrodomésticos y hogares o nuestros vehículos dependen del software los problemas que pueda tener el software se convierten en nuestros problemas. Y no sólo en cuestiones de eficiencia, como garantizar la comodidad de poder alquilar un coche eléctrico cuando queramos, sino de seguridad: si el automóvil lo va a conducir un programa los posibles defectos de ese programa se convierten en un asunto de vida o muerte. Una avería, una línea incorrecta de código está suponiendo ya (y va a suponer cada vez más) literalmente la diferencia entre la vida y la muerte, de modo que denunciar estos potenciales defectos para que se corrijan se convierte en algo fundamental.

Pero como explica Cory Doctorow las empresas están utilizando todos los recursos a su disposición para acallar las voces que quieren alertar de los problemas de su software, incluyendo los recursos legales. Esto hace que la situación sea mucho más peligrosa, ya que los investigadores que analizan los potenciales defectos del software se ven silenciados y sus descubrimientos acallados, por lo que los problemas no se resuelven. Las compañías amenazan con demandar y llevar a juicio a cualquiera cuyas noticias y alertas puedan suponer un desdoro para sus productos, y esta creciente tendencia pone en creciente riesgo nuestra seguridad.

Y por si fuera poco el especial estátus del software facilita que las compañías actúen así, ya que está protegido por leyes diferentes a las que protegen a los productos físicos. La legislación de ‘propiedad’ intelectual es distinta a las leyes que castigan el robo, porque los productos hechos de bytes son distintos a los productos hechos de átomos y deben ser protegidos de formas diferentes. Como consecuencia es relativamente sencillo abusar de esta legislación y utilizarla no con la finalidad de evitar la copia no autorizada de programas, sino para acallar las voces críticas que denuncian las limitaciones de estos mismos programas. Debido a ello este componente cada vez más vital para el funcionamiento de la sociedad moderna es cada vez menos analizado por fuentes independientes en busca de defectos, problemas y amenazas, lo que hace cada vez más peligrosa la cada vez mayor dependencia social de este tipo de elementos. Habrá que empezar a utilizar otras herramientas, como cambios legislativos, para proteger a la ciudadanía si las empresas se siguen empeñando en silenciar a quienes denuncian sus desmanes usando y abusando de leyes que no están hechas para eso.