En el Congreso Mundial de Filosofía (2013), Jürgen Habermas previno del auge del populismo europeo, siempre latente. Él acuñó el concepto de 'patriotismo constitucional', consciente de que los horrores del pasado reciente en Alemania impedían a muchos conciudadanos adherirse afectivamente a ese género de nacionalismo etnocéntrico y desbocado que hizo de la nación alemana una entidad detestable para el resto del mundo y para muchos de sus hijos. Si bien el caso del III Reich es muy específico, las reflexiones de Habermas presentan facetas dignas de consideración en España. Una primera dictadura que duró un septenio fue seguida por una república rebosante de graves alteraciones y violencias, de una ruinosa guerra civil y de casi cuarenta años de una segunda dictadura que solo fue lentamente superada a partir de la muerte, en 1975, de su dominante creador.

Insólito en la historia española, el resultado alcanzado por las fuerzas políticas de toda tendencia coaguló en el texto constitucional de 1978. Se establecían un amplio régimen de libertades basadas en los Derechos Humanos (expresión y manifestación, asociación, sindicación, religión), el Estado social y democrático de derecho, la separación de poderes (frente a la previa y dictatorial "unidad de poder y separación de funciones"), la monarquía constitucional y parlamentaria y, en fin, una avanzada descentralización política y administrativa.

A partir de ese momento y con plena conciencia, los españoles se sumaron en masa a un consistente repertorio de ideas compartidas y comulgaron en la defensa de las instituciones democráticas, garantes del mutuo respeto y de las libertades. España creó así su propia versión del patriotismo constitucional, que hoy niegan abiertamente –ya se verá con qué fortuna final– los movimientos separatistas y el populismo, no siempre distinguibles.

Junto con la de 1812, precursora y efímera, la de 1978 ha sido la más admirada y estudiada fuera de nuestro país. Marx y Engels, que dedicaron jugosas crónicas a España en el New York Daily Tribune (1856), defendieron los valores de la Constitución gaditana como "producto genuino, original" y "regenerador", obra de los liberales, encarnación de las viejas leyes patrias adaptadas "a las necesidades de la sociedad moderna" y, en fin, introductora "de medidas reformistas enérgicamente pedidas por los más célebres autores y estadistas del siglo XVIII".

Aquel histórico parlamento, que actuaba refugiado de modo casi heroico, en una iglesia amenazada por la artillería francesa y presidido por el cura turolense Vicente Pascual, votó y aprobó la Constitución de Cádiz, el 19 de marzo. En sustancia, afirmaba que España eran los españoles. Dotaba, así, al concepto de nación de un fuerte contenido cívico. Hoy la vemos como un hito en la prehistoria de nuestro patriotismo constitucional. El diputado asturiano Agustín Argüelles, nada más aprobado el texto, se dirigió simbólicamente al país exclamando, exultante de gozo moral y justo orgullo intelectual y político: "¡Españoles, ya tenéis patria!".

Los constituyentes de 1978 no sintieron cosa muy distinta: el texto aprobado –por las Cortes y por los ciudadanos– restituyó su patria a quienes, por una causa u otra, sentían hasta entonces vivir en la exclusión desde 1939.

La Constitución consagró y mantiene un concepto multiforme, abierto e inclusivo de España, a la vez que unitario. De ahí la necesidad de respetar la clave de esa bóveda que a todos nos resguarda en libertad.