Por fin se ha hecho público el veredicto de la Comisión Europea respecto a nuestras cuentas públicas. La institución ha certificado el déficit público de 2015 (5,1% del PIB, casi un punto por encima del objetivo del ejercicio) y el más que previsible desvío de 2016, que se sitúa en un 3,6% del PIB frente al pronóstico de 2,8% de inicios de año.

El colegio de Comisarios constata así el desvío en la senda de la consolidación fiscal, perdida el pasado año electoral, en el que el relajamiento en el gasto público y las oportunistas bajadas de impuestos permitieron mantener algo más de dinero en los bolsillos de los contribuyentes a costa de descuadrar gravemetne las cuentas públicas. Pan de ayer que será hambre para mañana. Porque la Comisión Europea impone a España una nueva vuelta de tuerca en materia de disciplina fiscal para lo que queda de 2016 y 2017, donde tendremos que realizar un ajuste de ocho mil millones de euros y cumplir de esta manera con el nuevo objetivo (retrasado por cuarta vez en seis años) de situar nuestro déficit público por debajo del 3%.

Este es el resultado de la gestión económica que hemos vivido en los últimos años, así reconocida además por el Ejecutivo, que, en un giro sorprendente de los acontecimientos, ha pasado de ser el adalid principal del rigor fiscal a pasarte, cuando así lo ha aconsejado la oportunidad electoral, al bando de los críticos con la austeridad.

Este errático comportamiento ha agotado cualquier credibilidad que le pudiera quedar a nuestra política fiscal y ha provocado la pérdida de paciencia de las instituciones europeas, que amenazan con imponer nuevas sanciones económicas tras las elecciones, amén de comprometer el futuro desempeño del nuevo gobierno, sin margen alguno para variar el rumbo de los acontecimientos económicos.

Ese es el legado que deja el actual Ejecutivo. Y mientras todo esto ocurre, el presidente en funciones promete en el Financial Times nuevas e irrealizables bajadas de impuestos. Ver para creer.