Qué es lo razonable: que un juez permita a unos presos preventivos, parlamentarios electos, tomar posesión de sus escaños o que lo impida, manteniéndolos entre rejas? Planteado así, parece razonable pensar que debería facilitar la toma de posesión, porque en una democracia el ejercicio de la soberanía popular es prioritario. Sin embargo, cada vez que un alto cargo o un parlamentario es imputado, procesado o —no digamos— encarcelado, lo primero que decimos todos es que debe dejar el cargo o el escaño. ¿En qué quedamos? ¿Corresponde a un juez dilucidar asuntos que atañen a las esencias del sistema? La verdad es que no. Aunque algunos autos judiciales hacen incursiones en la política, para decidir si mantiene o no en prisión a un imputado, un juez lo único que tiene que mirar son los elementos objetivos: la gravedad del delito, el riesgo de reincidencia, el de fuga... Se supone que en esas coordenadas se mueven los encargados de responder a las peticiones de Junqueras, Forn y los Jordis. Una vez conocida la decisión judicial, lo que queda es acatarla.

Más allá de su desenlace concreto, este episodio pone de manifiesto una obviedad: el factor judicial se ha convertido en ingrediente básico del cóctel catalán, junto con el ingrediente político y con otro especialmente importante en la aldea global del brexit, Trump y las redes sociales: el emocional. La justicia, una vez que se pone en marcha, no hay quien la pare. En los próximos años los jueces van a contribuir, con sus autos y sentencias, a la evolución de un asunto que en origen era de carácter político. Lo vimos la semana pasada: la crónica política no estaba en la plaza de Sant Jaume, sino en la de la Villa de París, entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Tras los turbulentos sucesos del otoño de 2017, el procés ha desembocado en un magma jurídico, político y emocional del que resulta difícil esperar nada bueno. Paciencia. Puede ir para largo.

El jueves —entramos en el ingrediente político— en la sesión constitutiva del Parlament sabremos con qué apoyos cuenta Puigdemont para su famoso proyecto de elección telemática y tendremos una primera idea sobre el alcance de sus pactos con ERC y la CUP. Es evidente que después de meterse en un callejón sin salida pretende, como es costumbre en la política catalana contemporánea, que los demás se metan con él; otra cosa es que se dejen.

Puigdemont, después de meterse en un callejón sin salida, pretende que los demás se metan también con él

Aunque las rencillas tribales, tan comunes en la España actual, dejan poco espacio para la lógica, lo lógico es que esos pactos culminen en la elección de un nuevo presidente que se mantenga en la senda constitucional, a la que debe el cargo. Las diferencias son serias, incluso dentro del propio PDeCAT, pero nada une más que la expectativa de poder. Si los indepes no consiguieran mantener ese poder (que incluye el poder económico para financiar sus aventuras belgas y sus cuentas pendientes con la justicia), su futuro es muy oscuro. Y si intentan mantenerlo esquivando la legislación vigente, peor. Al Gobierno no le temblará la mano para seguir recurriendo al artículo 155 de la Constitución, que, como todo el mundo sabe, es su único plan B.

El tercer elemento del cóctel es el emocional: una tercera parte de los catalanes, como poco, sigue implicada en la mística del procés. El suflé —dicen en Barcelona— no ha bajado tanto como creen en Madrid. Está tan agitada la coctelera que no hay que descartar nada, ni siquiera nuevas elecciones. Ni tampoco, ya puestos, la solución óptima: acuerdos entre fuerzas parlamentarias ajenos a una división en bloques que no lleva a ningún lado. ¿Por qué aquí ni siquiera se plantean lo que es habitual en Alemania, Francia o Portugal?

"Habrá gobierno. Si no, los ciudadanos nos llamarían incompetentes", dijo el otro día Joan Tardá. Las teles han guardado el corte para la 'maldita hemeroteca'. La incompetencia es el cuarto ingrediente, y no el menor, de este diabólico cóctel.