El banquillo independentista cuenta con abogados de lujo, si los comparamos con los abogados de oficio del juicio del 11-M, también de gran repercusión internacional. Pero estamos ante abogados de postín, como corresponde a altos dirigentes, de poder político, mediático y económico.

La primera clave es si estamos ante un juicio político al independentismo (como afirma el abogado de Junqueras). El Tribunal, también afirman, vulnera el derecho al juez imparcial. Estas argumentaciones carecen de viabilidad y se dirigen a la parroquia política y a posibles aliados internacionales.

La segunda clave es si se han producido violaciones de derechos humanos de los acusados. Las defensas invocan cualquier intersticio que permita anular el proceso o eliminar pruebas de cargo (por ejemplo del juzgado número 13 de Barcelona).

Escudriñan supuestas violaciones del derecho al debido proceso (derechos de la defensa; a prepararla con tiempo; cuestiones de pruebas; a la segunda instancia) o de los derechos civiles y políticos (derecho a la intimidad, de reunión, manifestación, participación política, libertad de movimientos y de culto..). Aquí se dirigen tanto al Supremo como a recursos ante tribunales internacionales.

El meollo del proceso, la tercera clave, es si concurren los elementos de los tipos penales de los que se les acusa (rebelión, sedición, malversación), lo que conducirá a debates de cada uno de los tipos, en los que para destruir la presunción de inocencia habrá que contar con pruebas suficientes y válidas, lo que deberá demostrarse.

El juicio está abierto y sobre la base de estas tres claves se cerrará. Sería conveniente que todos respetasen la labor del Tribunal, sea cual sea la conclusión a la que lleguen.