La secretaria general del PA, Pilar González, ha exigido a la Junta de Andalucía que colabore con la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en la investigación de las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) y que depure las "responsabilidades políticas pertinentes" por este caso.

González se ha pronunciado de este modo en un comunicado después de que la juez Alaya haya criticado en sendos autos la "falta de colaboración" de la administración autonómica y haya puesto en duda la información aportada y la investigación interna realizada por la Consejería de Empleo.

"Nuestro absoluto apoyo a las actuaciones de la juez Alaya y la más rotunda repulsa a la obstrucción que, según dicha magistrada, está poniendo la Junta a la investigación judicial sobre los ERE fraudulentos", ha manifestado la líder del PA, que ha defendido que "el Gobierno andaluz, que se jacta de haber sido quien denunció las supuestas irregularidades y de colaborar con la Justicia, tiene que facilitar toda la documentación requerida, porque si no rayaría el total descrédito".

En este sentido, ha emplazado a la Junta de Andalucía a "colaborar, hacer un ejercicio de transparencia y, en paralelo a la actuación judicial, depurar las responsabilidades políticas pertinentes", ya que ha considerado "lamentable que hayan sido necesarios los requerimientos de la juez para que el Gobierno andaluz haya anunciado, hoy mismo, la puesta en marcha de un dispositivo especial para canalizar todas las solicitudes de información solicitadas por la juez".

"la junta no puede minusvalorar lo ocurrido"

"Nueve millones de euros defraudados a las arcas públicas de todos los andaluces, sin que se hayan cumplido los pertinentes mecanismos de control, es de una increíble vergüenza", ha subrayado González, que ha indicado que "el PSOE y el Ejecutivo andaluz no pueden minusvalorar lo ocurrido porque sólo se haya defraudado un dos por ciento de las cantidades dispuestas: en primer lugar, y más en una coyuntura económica como la actual, porque no se puede despilfarrar de las cuentas públicas ni un solo euro y en segundo lugar porque, a tenor de las dudas expresadas por la magistrada, esas cantidades manejadas están ahora en entredicho y, en el peor de los casos, podrían llegar a aumentar".

Por último, la dirigente andalucista ha lamentado que "en los medios de comunicación se refieran a este escandaloso asunto como los ERE andaluces o los ERE de Andalucía". "Los ERE no son de Andalucía, sino del Gobierno actual de Junta o del PSOE andaluz, que es quien gobierna. Y esto ocurre porque Andalucía necesita de una expresión política propia, de la que carece en estos momentos. Los Eres son de quienes han defraudado con ellos", ha concluido.