El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, y la directora general de Biodiversidad, María Eugenia Calvo, han asegurado este jueves que una vez resueltos los cinco primeros casos de los afectados de la Ley de Montes todo irá mucho "más rodado" y se dará un "impulso" a los siguientes expedientes.

Actualmente, hay en torno a un centenar de expedientes administrativos abiertos en quince municipios, aunque la mayor parte se localizan en Santa María de Cayón (Esles), donde hay 31, y en Cartes, con 33, según han explicado en una rueda de prensa.

El resto de expedientes en tramitación están relacionados con parcelas en Ampuero, Cabezón de la Sal, Castro Urdiales, Comillas, Soba, Villacarriedo, Voto, Valdáliga, Guriezo, Mazcuerras, Torrelavega, Puente Viesgo y Saro. Según ha explicado Oria, todos ellos son reclamaciones previas a la vía civil.

Oria y Calvo han reconocido que, a pesar de que hay actualmente aproximadamente un centenar de expedientes abiertos, el Gobierno regional "desconoce" el número de afectados que puede haber, si bien la directora general de Biodiversidad se ha declarado "en desacuerdo" con las cifras que maneja la Plataforma de Afectados por la Ley de Montes, que los sitúan en torno a los 10.000.

En el encuentro con los medios de comunicación, han presentado los cuatro casos ya resueltos últimamente, dos en Soba y dos en Esles, si bien ha habido un quinto que se solucionó hace aproximadamente dos meses.

Derechos de propiedad y de uso

Para encontrar soluciones a todos los expedientes, el Ejecutivo regional ha buscado el asesoramiento de dos catedráticos de la Universidad de Cantabria.

Se ha determinado que, en el caso de los derechos de propiedad, los afectados tienen que presentar las reclamaciones previas a la vía civil ante el Gobierno de Cantabria que acrediten que, o bien, han completado un proceso de roturación arbitrario o cumplen los requisitos legales para adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo, lo que se denomina "usocapía".

También puede haber otros procedimientos que recono estos derechos, como los deslindes administrativos, las permutas o las desafectaciones puntuales de montes.

Concretamente, para que un afectado pueda acogerse a la figura de la usocapía tiene que haber tenido la "posesión ininterrumpida y pacífica" de la finca durante 30 años en concepto de dueño.

La directora general de Biodiversidad ha explicado que los afectados deben haber cumplido estos requisitos "con anterioridad" a la entrada en vigor de la Ley de Montes de 2003 ya que, esta norma nacional, establece que los montes incluídos en el Catálogo de Montes de Cantabria, que data de 1901, pasan a ser considerados bienes de dominio público.

Los cuatro casos resueltos que se han dado a conocer este jueves se refieren a derechos de propiedad. Según ha explicado Calvo, en dos de ellos se declara en la resolución que las parcelas no reúnen las características de fincas públicas por lo que "desaparecen" del Catálogo.

Por el contrario, en los otros dos casos se completó el proceso de roturación arbitraria.

En las reclamaciones sobre los derechos de uso, la "principal pretensión" de los afectados es, según Oria, la prórroga de los consorcios, algo que la Ley de Montes de 2003 "prohíbe taxativamente".

Ha explicado qye el Gobierno de Cantabria "no puede" ofrecer otra solución que la concesión de maniables.

"seguir avanzando"

Oria ha asegurado que el Gobierno regional "seguirá trabajando" en esta línea, que, según ha afirmado, "irá dando sus frutos".

Con este objetivo, ha hecho un llamamiento a los afectados para que presentan en la Dirección General de Biodiversidad toda la documentación que "crean conveniente" para acreditar sus derechos para que pueda ser analizada y posteriormente resuelta.

Sobre este asunto, ha advertido de que si los afectados no presentan esta documentación "no será posible" analizar y resolver cada caso.

La directora general de Biodiversidad ha señalado que "la mayor frustración" que tiene el Gobierno es que sabe que hay ciudadanos que tienes procesos de roturaciones arbitrarias "absolutamente completados" y "dispuestos" para ser resueltos favorablemente por el Ejecutivo regional que, sin embargo, no presentan su solicitud.

A su juicio, esto es algo "inaudito" y, en su opinión, sólo puede responder a determinadas "instrucciones" procedentes de la Plataforma de Afectados por la Ley de Montes, a la que ha acusado de no querer resolver el problema sino de "desgastar" la acción del Gobierno y de no aportar "ningún tipo de solución alternativa". PLAZOS

Por su parte, Oria ha destacado que, desde hace meses, el Gobierno regional está trabajando "muy intensamente" para solucionar una problemática "tan compleja", algo que debe hacerse siempre dentro del "marco de la legislación vigente".

"Se nos ha pedido lo imposible: actual al margen de la Ley", ha dicho el consejero.

Por otra parte, Calvo ha explicado que los casos son "variopintos" y no hay una solución común por lo que ha reiterado su postura de que hay que tratar caso por caso.

Ha añadido que hay circunstancias, como la falta de documentación acreditativa, que hará que el tiempo para resolver los expedientes se alargue respecto a los plazos que se manejan en expedientes ordinarios que, según ha dicho, rondan los tres meses.

Sin embargo, ha asegurado que el Gobierno regional no se va a poner "nervioso" por la cercanía de las elecciones.

Por su parte, Oria ha asegurado que el Ejecutivo regional "no quiere quitar nada a nadie" como, a su juicio, "algunos pretenden dar a entender".

Además, también se ha referido a la participación del presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, en una protesta de los afectados por la Ley de Montes.

Respecto a sus declaraciones, Oria ha asegurado, de forma irónica, sentirse "enormemente satisfecho" de que el PP y Diego hayan llegado a la conclusión a la que el Gobierno regional llegó hace dos años: que no existe una solución comín y que hay que tratar cada caso con su problemática individual.

"Después de tanto divagar por la mentira, la demagogia, por la descalificacion que siempre utiliza ha llegado a la conclusión a la que el Gobierno ha llegado hace dos años", ha dicho Oria, quien ha afirmado que todavía es "buen momento" para que el PP se sitúe en esta postura "después de dar todas esas vueltas".

Revisión del catálogo de montes

Además, Oria ha anunciado que el Gobierno de Cantabria ha iniciado un proceso de rectificación del Catálogo de Montes, que incluirá una mejora de la cartografía.

Calvo ha explicado que con la rectificación de este registro público administrativo se pretende que éste corresponda con la "realidad física" de los montes de Cantabria, algo que, según ha advertido, exigirá un "arduo trabajo de campo".

Además, se procederá a un programa de desafectación en todos los usos. "EXCUSA"

Por otra parte, el consejero ha criticado que algunos políticos de Cantabria están usando, a su juicio, la problemática de los montes como una "excusa" para justificar que su paso a otro partidos que, según ha dicho, "les seducen más genéticamente".

"No es un detonante", ha opinado Oria en referencia en la Ley de Montes, quien, sin embargo, se ha declarado "muy respetuosos" con los pasos que da cada persona en su vida.

En los últimos días, cuatro concejales regionalistas de Solórzano y el alcalde, también del PRC, se han pasado al PP por su supuesto desacuerdo con la Ley de Montes. De hecho, el pedáneo, Santiago Campo, será el candidato de los populares en las próximas elecciones.

En la Junta de Voto, el alcalde, José Luis Trueba, ha dejado también el PRC para encabezar la lista de los populares en las próximas elecciones.