Los dos grupos con presencia en la Asamblea de Extremadura, el Socialista y el Popular, se han puesto de acuerdo para llevar a cabo una modificación de la Ley del Suelo autonómica con el fin de "aclarar" determinados aspectos, entre ellos que la inclusión de un espacio en la Red Natura 2000 no implica necesariamente su catalogación como 'no urbanizable'.

Este retoque de la legislación vigente sobre el suelo extremeño aprobada por unanimidad servirá para clarificar proyectos que han resultado polémicos e incluso rechazados en vía judicial, como recientemente ha sucedido con el Complejo Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres. Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha declarado nulo el Proyecto de Interés Regional (PIR) referido a dicho complejo turístico y de servicios.

En sesión plenaria no programada convocada exclusivamente para abordar esta cuestión, en concreto ha sido aprobada una modificación del artículo 11 de la normativa extremeña en materia de suelo con un fin "aclaratorio" y como consecuencia de las "interpretaciones jurídicas" que sobre el mismo han podido surgir, y tras la misma 'Isla de Valdecañas' podrá desarrollarse como parte del Plan General Municipal de El Gordo (Cáceres), en el que ya se encuentra contemplado el proyecto.

De este modo, la nueva redacción de la ley establece que "la mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanística compatible con la preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del área, y comprendiendo únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que expresamente se autoricen en el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental".

Así, PSOE y PP han pretendido "dejar claro que el suelo que está dentro de la Red Natura 2000 puede calificarse de urbanizable siempre que se mantengan las medidas que contempla la legislación medioambiental".

Además, con la modificación, aprobada mediante el procedimiento de lectura única, ambos grupos tratan de "no impedir que el 30 por ciento de Extremadura no pueda tener un desarrollo sostenible"; así como que "80 municipios que tienen el cien por cien de su territorio dentro de la Red Natura 2000 tengan las mismas oportunidades que el resto de los pueblos y ciudades de Extremadura dentro de un desarrollo sostenible y con respeto a la legislación medioambiental".

Visión de futuro

En representación del Grupo Popular, su portavoz, Teresa Angulo, ha afirmado que con la modificación legislativa "se pretende una simple clarificación de la norma que permita interpretaciones de la misma acorde con su fin", y ha insistido en que también se busca a la vez "respetar las normas sectoriales aplicables al régimen de protección" y que —ha recalcado— "en ningún momento son atacadas o conculcadas" con el cambio introducido.

Se ha mostrado así partidaria de que el ordenamiento jurídico "no" se convierta en "obstáculo" para lograr el "progreso" ciudadano y de la comunidad como a juicio de su partido sí podría estar ocurriendo antes de la modificación aplicada.

Así, ha defendido la "claridad" de las leyes para facilitar el desarrollo autonómico, y ha mostrado el "apoyo" del PP al Gobierno regional para lograr dicha finalidad, aunque ha exigido también a dicha administración que "no" genere "inseguridad y falta de confianza a los extremeños por hacer las cosas mal".

Ha apuntado al respecto que la reforma de este jueves pretende "clarificar" una norma que recoja "el espíritu del legislador" respecto a la ley que ha "producido" previamente, "con el absoluto respeto a la protección y conservación de los hábitat naturales con las posibilidades de desarrollo y el respeto a la supervivencia de muchos ciudadanos" de la comunidad.

La 'popular' ha aclarado en cualquier caso que, más allá del "apoyo" a la modificación legislativa, el PP exige a la Junta "ajuste a la legalidad de todas las acciones y medidas que ejecute" en la materia a la que se refiere la medida aprobada este jueves, y ha recordado que "lo que genera inseguridad y falta de confianza a los extremeños y a los de fuera es hacer las cosas mal, no tomar las decisiones adecuadas".

Por eso, ha instado al Gobierno regional a que "haga caso más a menudo" a las propuestas del PP y que "reflexione" sobre "en cuántas ocasiones ha podido poner en peligro el presente y futuro de esta tierra", así como que conciba una consideración "integral" del territorio extremeño con la colaboración del PP "desde criterios rigurosos" y "sin tener que estar sometidos a cambios puntuales".

Finalmente, Angulo ha pedido "más visión de futuro" a la Junta, a la que ha acusado de someter a la comunidad a "zozobra" como consecuencia de su "ineficacia".

Salvaguardar intereses generales

A su vez, en representación del Grupo Socialista, el diputado Valentín García ha reconocido que la legislación actual "podía no ser suficientemente clara" respecto a determinadas cuestiones relacionadas con el suelo de la comunidad, y ha insistido en que "corresponde al poder legislativo aclarar y despejar las dudas en materia de ordenación urbanística y conservación medioambiental".

"Parece razonable sostener que es la Asamblea el lugar en el que establecer el punto de equilibro, la clave de bóveda entre el desarrollo económico, social y natural", ha señalado García, quien ha calificado como "urgente" e "inaplazable" la reforma introducida en la ley "para que no se pierda, no fracase, no se haga desistir a ningún proyecto que impulse la creación de empleo y riqueza" en Extremadura.

Así, y tras destacar que a juicio de su partido la Ley del Suelo de Extremadura "ha funcionado bien hasta ahora", ha insistido que los objetivos de la modificación introducida es "despejar las dudas sobre el espíritu de la ley y sobre el futuro de la sociedad extremeña".

"Reformamos aclarando los preceptos legales para que en el futuro todos los que legislamos, los que tengan que ejecutar y los que tengan la función de interpretar gocemos todos de un texto legal más claro y preciso sobre las intenciones del legislativo", ha declarado el diputado socialista, quien ha insistido en que la reforma "pretende salvaguardar los intereses generales presentes y futuros" de la comunidad.

Ha defendido así la importancia de que exista una "armonización" del urbanismo con el paisaje natural" como "una cuestión de igualdad de oportunidades para un desarrollo sostenible, para los municipios y los ciudadanos que viven en esos municipios", y ha recordado también que "cuidar el medio natural es caro".

Sobre esta misma cuestión, Valentín García ha insistido también en que "una sociedad moderna y cohesionada comprometida con el medio ambiente no puede comprometer a una parte de ella al lado oscuro del pasado con menos empleo y posibilidades".

En su intervención, el diputado socialista ha señalado también que "se equivocarán quienes apresuradamente atienen a ver una reforma legislativa ad hoc o para resolver alguna controversia en el ámbito judicial", en alusión a la reciente sentencia sobre el PIR Isla de Valdecañas.

Ha añadido al respecto que "los efectos prácticos de la reforma legal se proyectan hacia el futuro y en ningún caso se dirige a resolver problemas del pasado, a dirimir controversias sociales o judiciales del pasado, a discutir competencias constitucionales con quien en el pasado haya mantenido interpretaciones distintas a la filosofía de la Lesotex".