Los obispos madrileños han recordado este miércoles a sus feligreses los "principios básicos" que deben tener en cuenta al votar por unas siglas u otras el próximo 22 de mayo, como la defensa que cada partido haga de la vida, los lugares de culto, la educación católica en las escuelas o el matrimonio entre hombre y mujer.

El Cardenal-Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela; los Obispos de Alcalá de Henares y de Getafe, Juan Antonio Reig y Joaquín María López de Andújar, respectivamente; y otros cuatro obispos auxiliares de la Comunidad han firmado un comunicado con las recomendaciones a sus fieles de cara a las elecciones autonómicas y municipales.

Sostienen que el derecho y deber de votar se debe ejercer de forma libre y responsable, y por ello instan a conocer bien los programas electorales de cada partido, de manera que los feligreses puedan votar por las formaciones políticas "compatibles con la fe y la ley natural". Así, establecen cinco principios fundamentales a tener en cuenta antes de votar.

El primero de ellos es la defensa del derecho a la vida que haga cada partido, tanto de los no nacidos como de aquellas personas que padezcan enfermedades terminales o incurables, por lo que se oponen al aborto -incluida la píldora del día después- y a la eutanasia.

Se debe tener en cuenta también el respeto que se demuestre por los lugares de culto y por los signos religiosos, así como la defensa de la expresión pública de las convicciones religiosas, "especialmente las de la fe católica, configuradora de nuestro patrimonio cultural y moral".

Otra de las cuestiones que deben valorar es el reconocimiento de la familia y la promoción de la institución del matrimonio, entendido como la unión de un hombre y una mujer. Y dentro de esta protección a la familia, es exigible que se facilite el acceso a una vivienda digna y a un trabajo acorde con las necesidades familiares.

Respecto a la educación, los obispos piden que se tenga en cuenta qué partidos reconocen y protegen el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, morales y pedagógicas.

Esto comporta, según dicen, que sea posible la iniciativa social en la creación y dirección de centros educativos, y que las escuelas estatales "se abstengan de imponer una determinada educación religiosa o moral, facilitando la formación que los padres o alumnos elijan en ese campo, en particular la enseñanza de la religión y moral católica".

Finalmente, abogan por un orden económico "justo" que facilite el acceso al empleo y atienda las necesidades de las personas más afectadas por la crisis o de aquellos que se hallan en situación de marginación o especial necesidad, como los inmigrantes, ancianos o dependientes.