Abraham asesta un bofetada al gobierno de Tony Blair, que se ha apresurado a rechazar el informe, como señala la BBC, al considerar que la pobre gestión gubernamental "ha causado perjuicios a un número elevado de personas quienes, como consecuencia de esto, ha perdido la oportunidad de tomar decisiones informadas acerca de su futuro".

El informe no es sin embargo vinculante para el gobierno, que considera, como señala el ministro de Pensiones Stephen Timms, que "no puede ser responsabilidad de los contribuyentes rescatar planes de pensiones que han constituido un fracaso".

85.000 personas sin ahorros

Abraham tomó sus conclusiones después de recibir las quejas de más de 200 personas que habían visto cómo sus ahorros se evaporaban.

Se calcula que esto es lo que le sucedió a unas 85.000 personas, que participaron en cerca de 400 los planes de pensiones privados que se fueron al traste entre 1994 y 2005.

Devolver el dinero a sus titulares le costaría al gobierno unos 5.000 millones de libras esterlinas (7.250 millones de euros) si tuviera que efectuar un sólo pago, o entre 100.000 y 150.000 millones de libras (145.000 y 217.000 millones de euros, respectivamente) a pagar durante cuarenta años.

A pesar del rechazo del gobierno al informe de Abraham, el tema promete dar guerra, porque los partidos de la oposición y los sindicatos no comparten la visión del gabinete de Tony Blair.

Los primeros aseguran que el Gobierno ha incurrido en errores de diverso calado en distintos departamentos y durante varios años; los segundos han manifestado que iniciarán acciones legales contra el gobierno para asegurar que sus miembros cobran lo que reclaman.