Las obras de recuperación de la Marisma en Escalante se inauguran mañana tras una inversión de 3,6 millones

El delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, inaugurará este miércoles, día 23, las obras llevadas a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para la recuperación de la Marisma de Escalante que forma parte del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y que responden a la sentencia judicial que declaró ilegales los rellenos realizados.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, inaugurará este miércoles, día 23, las obras llevadas a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para la recuperación de la Marisma de Escalante que forma parte del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y que responden a la sentencia judicial que declaró ilegales los rellenos realizados.

Al acto ha sido invitado el alcalde de Escalante, Pedro José Jado, así como otros miembros de la Corporación, y contará con la presencia del jefe de la Demarcación de Costas de Cantabria, José Antonio Osorio, entre otras autoridades, ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria en un comunicado.

Las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España tenían como objetivo fundamental la recuperación ambiental de esa importante zona de Marisma, que se ha ido degradando con el paso del tiempo como consecuencia de los diferentes rellenos realizados de forma ilegal.

Tras la sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo, que declaró ilegales los rellenos, el Gobierno de España ha procedido a la restauración ambiental y la puesta en valor del área recuperada para los ciudadanos mediante zonas verdes, áreas peatonales, una pasarela y un mirador en plena marisma, entre otros elementos.

El proyecto de levantamiento de los rellenos y recuperación de la Marisma fue adjudicado en 512.692 euros, obra incluida en el Plan E. Sin embargo, una vez iniciadas las obras, las muestras del terreno presentaron indicios de fenoles que superaban los valores legales, por lo que tienen la consideración de peligrosos, lo que requería su traslado a un vertedero apropiado. El Gobierno de España encargó los trabajos de gestión de estos suelos contaminados por un importe de 3.085.739 euros.

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