El candidato autonómico de la coalición Bloque por Asturies-Unidá Nacionalista Asturiana, Rafael Palacios, ha considerado este lunes un "ataque frontal" y un "atentado" contra Asturias el reciente anuncio del Ministerio de Industria que, según la organización, "no se abonarán las cuantías de obras de las anualidades 2008 y 2009, y se retrasarán hasta 2012 los porcentajes de las actuaciones ya iniciadas" en el marco de los fondos mineros. Palacios exigió al Gobierno asturiano, al que acusó de "hacer de airbag" del central, "una defensa clara y fuerte de los intereses de Asturas".

El líder de BA ha ofrecido una rueda de prensa junto con el concejal de la formación en el Ayuntamiento de Samartín del Rei Aurelio, Manuel Benayas, en la que ha anunciado la presentación de una moción en todos los ayuntamientos que perciben fondos mineros. En la misma se rechaza la decisión, y se exige al Principado que pague las cuantías de los proyectos comprometidos, "como administración responsable".

Para Palacios, "hay un ataque directo contra los intereses de Asturias", por parte del PSOE, dado que para el Gobierno central "Asturias ya no es una prioridad". "No sólo tiene responsabilidad el Gobierno de Madrid, sino que el Gobierno de Asturias tiene compromisos firmados con los Ayuntamientos", recordó, en lo referente al adelanto de las cantidades de los proyectos aprobados.

Así, exigió al Gobierno asturiano "que no mire a otra parte, y que asuma sus responsabilidades", y criticó directamente a la portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, quien ayer manifestó no tener constancia de que se vayan a producir esos impagos.

"Que no mire para otro sitio y que diga claramente que van a pagar hasta el último euro comprometido", manifestó.

Incidió en este punto en que el Gobierno de Asturias es "firmante" de los convenios aprobados con los Ayuntamientos, y lo acusó de "hacer de airbag del del Estado, ocultando la falta de compromiso y de responsabilidad del Gobierno de Madrid".

Tanto Palacios como Benayas recordaron que "no se sabe lo que va a pasar con la empresas contratadas". Matizaron en este punto que las posibles reclamaciones serán contra los ayuntamientos que, en última instancia, son los que tienen que pagar a las firmas con las que se ha firmado el convenio.