El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha afirmado este martes que "habrá que buscar la fórmula consensuada" de gestión para el Guadalquivir, que "salvaguarde" toda la riqueza que genera, después del acuerdo alcanzado este lunes entre Gobierno central y Junta de Andalucía para elaborar una "encomienda transitoria de gestión" del Ejecutivo a la comunidad autónoma de modo que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el artículo 51 del Estatuto de Autonomía, se garantice la seguridad jurídica hasta que se acuerde la normativa definitiva para la gestión de la cuenca del Guadalquivir.

En declaraciones a los medios tras presentar una guía para personas extranjeras sin documentación elaborada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en colaboración con el Defensor, Chamizo ha dicho que "hay que buscar una fórmula consensuada que haga realidad la sentencia del Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo que todos los recursos naturales a los que da lugar el Guadalquivir queden salvaguardados, porque hay mucho intereses empresariales y económicos que giran en torno al río".

La Comisión Bilateral Gobierno central-Junta de Andalucía se reunirá la próxima semana para acordar una "encomienda transitoria de gestión" del Ejecutivo a la comunidad autónoma de modo que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el artículo 51 del Estatuto de Autonomía, se garantice la seguridad jurídica hasta que se acuerde la normativa definitiva para la gestión de la cuenca del Guadalquivir.

Así lo anunció este lunes el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo en el Palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Además, indicó que la Comisión Bilateral, que se reunirá "probablemente el miércoles" de la próxima semana dar el visto bueno a un Real Decreto con una "encomienda de gestión transitoria" que, de "forma transitoria", permitirá que el Gobierno central dé a la Junta la gestión de los recursos incluidos en el Real Decreto de transferencias, que se apoyaba en el artículo anulado por el TC.