1-¿Cuánto cuesta la demolición? Se llegó a hablar de hasta 22 millones de euros, pero el presupuesto inicial del proyecto de demolición ha quedado fijado en 17,5. En realidad, el coste no se conocerá hasta el final de la tarea. Así lo ha reconocido la empresa encargada del desmontaje. «El presupuesto inicial es estimativo. Seguro que habrá modificaciones», explicó recientemente su secretario general. La compañía libra facturas parciales conforme avanza la obra.

2-¿Quién la ejecuta? La empresa Ortiz Construcciones. Esta firma, que también es promotora inmobiliaria, colabora desde hace años con el Ayuntamiento. En 1987 realizó el desescombro de los Almacenes Arias. Hace tres años, ambas partes firmaron un contrato de ejecución sustitutoria para que Ortiz se haga cargo de las obras que el Ayuntamiento realiza en sustitución del propietario responsable.

3-¿De dónde sale el dinero? Lo adelanta el Ayuntamiento, que luego remite la factura final al propietario del inmueble, en este caso la inmobiliaria Asón, de la familia Reyzábal. Esta partida, sumada a las indemnizaciones que habrá que pagar a las empresas que tenían sus oficinas en el edificio y a aquellos comercios de los alrededores que se han visto seriamente perjudicados, puede superar con creces los 110 millones del seguro contratado por los Reyzábal y dejar a esta poderosa familia al borde de la bancarrota.

4-¿Qué papel juegan las compañías de seguros? Están obligadas a responder hasta esos 110 millones de euros contratados en distintas pólizas por los Reyzábal, pero antes de poner ni un sólo duro harán su propia investigación para determinar las responsabilidades en el siniestro.

5-¿Qué ocurrirá con el solar tras la demolición? Como mínimo, se podrá construir otro edificio con la misma altura que el incendiado. Si el Ayuntamiento acepta revisar la licencia, podría incluso duplicar su altura actual, alcanzando los 60 pisos. Según distintas estimaciones inmobiliarias, un rascacielos de esas dimensiones en el corazón de Azca podría tener un valor superior a los 240 millones de euros.

Acaba el plazo

El plazo que la propiedad del edificio tiene para analizar, estudiar y aceptar o proponer correcciones al proyecto de demolición diseñado por el Ayuntamiento termina el próximo martes. Entre los aspectos sobre los que la familia Reyzábal debe dar su opinión están el coste del desmontaje del rascacielos, los plazos (10 u 11 meses), el procedimiento escogido y las medidas de seguridad de los obreros y del entorno. Mientras, Asón aún espera permiso del Juzgado para que sus técnicos puedan entrar en el inmueble.