La defensa del diputado regional, Bartolomé Soler, imputado en el caso Limusa, que investiga una presunta trama de corrupción en la empresa municipal, alega en el escrito presentado ante el Palacio de Justicia, que las pruebas aportadas como descargo de las acusaciones que se habían concretado al momento de prestar declaración no fueron tenidas en cuenta por el instructor, "que las despachó tachándolas de 'variopintas' pero sin analizarlas ni extraer de ellas conclusión alguna pese a tratarse de pruebas documentales".

Y es que, la defensa del diputado regional va desmontando, en su escrito de defensa, no solo los gastos en viajes y comidas, sino en general todas las imputaciones del Fiscal acogidas por el Magistrado Instructor.

Asimismo, indica que el instructor de esta causa, Enrique Quiñonero, y según el contenido de sus resoluciones, tenía decidida la apertura del juicio oral por todos los delitos imputados por el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas, "sin realizar un análisis razonado que descartara aquellas imputaciones" como el supuesto acuerdo previo producido entre Soler, un proveedor y el director de Limusa para obtener ilícitamente y repartirse 15.000 euros e imputándole sólo a él por ello.

No existe, según el escrito de la defensa, prueba alguna al respecto "y todos los supuestos partícipes del pacto han declarado y en sus declaraciones han negado que existiera tal pacto y tales hechos", señala el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press. Una acusación, definen, "completamente infundada".

En lo que se refiere a las supuestas comidas de las que se benefició Soler, no existe tampoco prueba documental que acredite la asistencia del mismo a ninguna de ellas y sin embargo, subrayan, "se le atribuyen atenciones que no cuentan, en ningún caso, con su firma".

Además, se insiste el documento, "ninguna acusación ha señalado la existencia de prueba documental alguna relativa a las comidas imputadas a Bartolomé Soler, tampoco que se le sitúe asistiendo con dinero público a ningún partido de fútbol".

En cuanto a la malversación por omisión, subraya el escrito, "el hecho de que los presupuestos y las cuentas de Limusa fueran aprobadas, año tras año, por el Consejo de Administración, donde están representados todos los grupos políticos, y por el Pleno del Ayuntamiento de Lorca, tras informe favorable de los servicios jurídicos, de la intervención y del Tribunal de Cuentas del Reino no ha conducido a la imputación de sus miembros y sí sólo a la arbitraria imputación de Soler sin que haya una sola explicación de por qué el resto de los partícipes no sabían y el diputado sí".

Decisiones todas ellas, según la defensa de Soler, "arbitrarias y sin justificación y destacando la prisa con que se han adoptado las resoluciones", así como la violación del derecho fundamental a ser informado de la imputación que pesaba sobre él; a la defensa, al haber propiciado y permitido la declaración del trabajador que denunció el caso en calidad de imputado, quien se acogió a su derecho a no declarar, a las preguntas de los abogados de Soler, impidiendo así la defensa frente al mismo, atribuyéndole posteriormente la cualidad de testigo.

Por último, el escrito de defensa del diputado regional, señala la violación de un derecho fundamental tras continuar instruyendo el instructor del Juzgado número 4 de Lorca una vez conocido que entre los investigados había dos aforados, José Antonio Pujante y Bartolomé Soler.