El consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, Herminio Sastre, ha defendido este sábado el proceso de evaluación en el que Asturias es pionera y que permitirá a unos 8.600 docentes cobrar incentivos a partir del próximo mes de junio. Del total de los beneficiarios, alrededor de 6.149 cobran ya un pago a cuenta desde el año 2007.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Presidencia autonómica, el titular de Educación ha explicado que se trata de un proceso "sencillo" que permitirá medir objetivamente la actividad profesional de los trabajadores y establecer mecanismos de mejora del sistema educativo.

El plan, al que podrán adherirse voluntariamente los profesores de la enseñanza pública con una antigüedad mínima de cinco años, otorga a los docentes del Grupo A2 el derecho a percibir un incentivo económico de 132,18 euros mensuales. Por su parte, la cantidad ascenderá hasta los 206,53 euros para los trabajadores del grupo A1.

Sastre ha recordado que el periodo de presentación de solicitudes se abrió el pasado jueves, día 17, y finalizará el próximo 5 de abril. Así, y tras la revisión de las solicitudes, la Dirección General de Planificación Educativa y Personal Docente publicará en el Bopa una relación provisional de los admitidos y excluidos con un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.

Posteriormente, una vez examinadas las reclamaciones la Consejería dictará resolución en un plazo de diez días naturales y se publicará la lista definitiva.

El proceso de evaluación correrá a cargo de los equipos directivos de los centros e incluirá parámetros de medición como la formación, la función tutorial, la participación en proyectos conjuntos de mejora o experimentación, la dedicación, el desempeño de cargos directivos y la participación en actividades complementarias, entre otros.

Con este fin, el consejero ha informado de que durante la próxima semana se han convocado reuniones con los directores de todos los centros educativos en los Centros del Profesorado y de Recursos para exponerles todos los detalles del procedimiento y aclarar las posibles dudas que surjan en torno a la evaluación.

Recurso judicial

Además, ha precisado que la actividad "naturalmente continuará" pese a la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de un recurso presentado por el sindicato Suatea contra el acuerdo del Gobierno que, el pasado 16 de febrero, dio origen a la ley que desarrolla el plan. Para Sastre, se trata de un mero "trámite administrativo" que "no tiene que afectar a la actividad". "Cuando el Constitucional hable será el momento de hacer valoraciones", ha precisado.

En este sentido, ha instado al sindicato a que explique a sus profesores, una actitud que supone, a su juicio, "estar en desacuerdo con el reconocimiento y los incentivos al sistema educativo". "Nosotros seguiremos apoyándoles con este y otros planes", ha zanjado. I+D+i

Por otra parte, el consejero ha expresado su "satisfacción" por la transformación del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha permitido en cuatro años movilizar recursos por importe de 404 millones.

No obstante, ha reconocido que a pesar de los avances, la comunidad registra un gasto anual en I+D+i que ronda los 230 millones de euros, una cifra que casi debería triplicarse para alcanzar indicadores similares a los de los países que lideran el gasto en investigación.