Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, fue en el segundo semestre del año 2005 cuando los seis procesados, "puestos de común acuerdo, idearon un procedimiento para enriquecerse ilícitamente", para lo cual "y a fin de ofrecer una imagen de credibilidad" abrieron dos agencias inmobiliarias en las calles Baños y Gravina de la capital hispalense.

El fiscal añade que, a partir de ese momento, fueron entrando en contacto con diversas personas a las que ofrecían la adquisición "por un precio notoriamente inferior al de mercado" de inmuebles "de gran valor", manifestándoles que se trataba de pisos que se hallaban embargados y que les serían adjudicados de manera directa por el Juzgado si el deudor no pagaba la cifra adeudada, todo ello "siempre que entregaran una señal como parte del precio, que les sería devuelta si el inmueble no les era adjudicado".

En este sentido, señala que, "a fin de convencer" a sus víctimas de la realidad del negocio que les ofrecían, confeccionaron una serie de documentos que aparentaban ser compromiso de reserva de adjudicación, en los que supuestamente firmaba la secretaria del Juzgado que entendía del asunto, comprometiéndose a adjudicarles el piso embargado si el demandado o ejecutado no satisfacía el importe de la deuda.

Un afectado pagó 112.000

Euros por cinco pisos

De esta manera, los acusados lograron que seis personas les pagaran dinero por hacerse con distintos pisos en Sevilla y provincia, destacando el caso de M.G.F., quien en septiembre de 2005 concertó con los imputados cinco reservas sobre sendos inmuebles e hizo entrega de un total de 112.000 euros.

Así, los hechos fueron descubiertos en diciembre de 2005, cuando una de las afectadas se entrevistó con uno de los acusados, que le solicitó la entrega de 48.080,97 euros. Así, esta mujer realizó con anterioridad ciertas comprobaciones "inducida" por el personal del banco al que solicitó un préstamo para financiar la operación, y, al sospechar que podía tratarse de un fraude, decidió denunciar los hechos a la Policía, que la acompañó a la agencia inmobiliaria del acusado, frustrándose la operación al comprobar los agentes el fraude.

Por todos estos hechos, la Fiscalía imputa a cada uno de los seis acusados un delito continuado de falsedad en documento oficial como medio para cometer otro delito continuado de estafa, por el que pide cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 1.620 euros, mientras que deberán indemnizar a cuatro de los perjudicados con 112.000, 61.500, 59.000 y 36.060,72 euros, respectivamente.