Castilla y León registra hoy 8.000 delitos más que en 2004, fecha en la que José Luis Rodríguez Zapatero accedió a la Presidencia del Gobierno, tal y como ha advertido el portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, Ignacio Cosidó, quien, además de acusar al titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de manipular a la baja las estadísticas de criminalidad, ha augurado que los recortes en dotación de plazas y gastos de funcionamiento impuestos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se traducirán en 2011 en un "repunte importante de la delincuencia".

El dirigente popular, pese a reconocer que Castilla y León sigue siendo una de las más seguras de España, con 34 infracciones penales por cada 100.000 habitantes, 10 puntos por debajo de la media nacional, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para criticar la política en materia de seguridad del Gobierno central y responsabilizar al ministro del Interior del incremento del número de delitos en la Comunidad autónoma, en la que, tal y como ha incidido, las FCSE conocieron en 2010 un total de 34.000, frente a los 25.811 de 2004.

Pero, sobre todo, Cosidó, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha puesto el acento en el incremento de la delincuencia experimentado en el medio rural, tendencia que persiste en 2010, con 15.711 delitos conocidos por la Guardia Civil, frente a los 14.878 de 2009, lo que representa un incremento del 5,6 por ciento.

"Castilla y León es, tras Aragón y Galicia, la comunidad en la que más ha crecido la delincuencia en el ámbito rural, sobre todo los delitos contra el patrimonio, un 7 por ciento", ha precisado el político del PP, quien también ha recordado que el número de detenciones practicadas en la demarcación de la Benemérita ha pasado de 7.607 a 8.023 en 2010, es decir, un 5,5 por ciento más.

Por contra, la delincuencia se mantiene estable en los centros urbanos de Castilla y León e incluso con una tendencia a la baja, si bien Cosidó ha expresado su "preocupación" por el incremento de los delitos contra las personas, concretamente los relativos a lesiones que no tienen que ver con los malos tratos, que han descendido. La lectura ofrecida por Cosidó es que "hay que estar atentos a un aumento de la violencia en algunas ciudades de la Comunidad y también al crecimiento del 3 por ciento de los delitos y faltas de hurtos, en concreto los referidos a pequeños robos en supermercados".

Mejora la eficacia de las fcse

En su intervención, el diputado nacional del PP sí ha tenido palabras de reconocimiento para el trabajo desplegado por las FCSE, a las que felicitó por, un año más, haber mejorado las tasas de resolución o eficacia, que en el caso de la Policía Nacional la pasado del 35,8 al 37,2 por ciento y en el de la Guardia Civil del 46,9 al 47 por ciento, que en ambos cuerpos representa cinco puntos más que en el conjunto del país.

Sin embargo, Cosidó ha trasladado su preocupación ante los importantes recortes impuestos por el Ministerio del Interior en cuanto a convocatoria de nuevas plazas y para gastos operativos y funcionamiento. En el primer caso, el político ha criticado que en 2007 se convocaran 11.155 plazas para ambos cuerpos y en 2011 tan sólo 390, y ello a pesar de que Castilla y León registra en la actualidad un déficit de un millar de plazas, ya que los efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional suman 9.434, cuando el catálogo de puestos de trabajo es de 10.596.

A ello ha sumado el recorte de 100 millones aplicado este año a gastos de funcionamiento de los dos cuerpos, circunstancia que supone menos vehículos a disposición de los funcionarios, menos combustible y carencias en material de oficina para formalizar las denuncias de los ciudadanos. De hecho, ya en 2010, fruto de esa falta de fondos, el número de actuaciones policiales (controles e informes) por iniciativa propia se redujeron un 5% con respecto al ejercicio anterior.

Cosidó ha lamentado que el balance sobre seguridad ciudadana en Castilla y León lo tenga que hacer él y no el delegado del Gobierno, Miguel Alejo, "que es quien tiene la responsabilidad en la materia", y ha achacado tal paradoja a la prohibición que desde 2005 pesa sobre los responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y delegados gubernamentales a la hora de revelar datos estadísticos.

Las "mentiras" de rubalcaba

Esa "opacidad" es, en palabras del dirigente del PP, más que sospechosa y denotan una "sistemática manipulación" de las estadísticas en materia de seguridad por parte del máximo responsable de Interior, de quien ha asegurado que "sus mentiras son más mentira que cualquier mentira", contexto en el que ha enmarcado los balances de delincuencia, tráfico o el 'caso faisán'.

Con respecto a las estadísticas de delincuencia, Cosidó ha confrontado las cifras de Fiscalía, que reflejan en Castilla y León un incremento del 47 por ciento de las diligencias entre 2004 y 2009, con las de Interior, que sitúan ese incremento en un 18 por ciento, es decir, 30 puntos menos de lo contabilizado por el ministerio público.

Esa importante disparidad en los datos estadísticos obedece, en opinión de Cosidó, a determinadas estratagemas de Pérez Rubalcaba, entre las que ha citado inventos tales como el 'delito continuado', que contabiliza una acción delictiva cuando se producen distintos robos en un mismo escenario; el 'hecho de interés policial', término aplicado a casos a los que no se da la categoría de delitos, así como la conversión de delitos en faltas o ligar el 85 por ciento de la productividad que percibe un agente a la reducción de las estadísticas.

"Por todo ello, son mucho más fiables los datos de la Fiscalía que los facilitados por el Ministerio del Interior", ha concluido el diputado popular.