Un jurado popular ha declarado culpable de un delito de malversación de caudales públicos al alcalde de La Puebla del Río (Sevilla), Julio Álvarez González (PSOE), por gastar supuestamente en poco más de un año 6.098,66 euros en llamadas privadas a una sola mujer y a teléfonos eróticos con el teléfono móvil del Ayuntamiento.

En su veredicto, hecho público en la mañana de este viernes, el jurado popular ha declarado al primer edil no culpable del delito continuado de falsedad en documento privado del que venía acusado, ya que no ha considerado probado que "se pusiera de acuerdo" con el exconcejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento y también acusado Juan Carlos Benítez para "manipular" y "alterar" las facturas de su teléfono.

De este modo, el jurado ha considerado culpable al exedil de sendos delitos de encubrimiento y falsedad en documento privado, ya que considera que "manipuló" las facturas "para evitar que se descubrieran" los gastos del primer edil, hechos por los que la Fiscalía le pide un total de tres años y tres meses de cárcel, mientras que su abogado defensor ha pedido seis meses de multa por cada uno de los delitos y, de manera alternativa, diez meses de prisión por cada uno de ellos.

"constante y reiterado" uso del móvil oficial

Respecto al alcalde de La Puebla del Río, el jurado ha considerado —con siete votos a favor y dos en contra— que, en su condición de primer edil, usó el teléfono municipal "de forma constante, reiterada y casi exclusiva" para llamar a una vecina de la localidad, aunque él durante la celebración de la vista oral ha defendido en todo momento que la llamó "para ayudarla" ya que "estaba siendo maltratada".

Asimismo, el jurado popular ha resuelto que no se pueden en tener en cuenta las circunstancias atenuantes de confesión y de dilaciones indebidas, aunque, en el caso del alcalde, sí considera que existe la atenuante de reparación del daño, pues el acusado devolvió el dinero, mientras que se ha mostrado desfavorable por unanimidad a la concesión del indulto y a la suspensión de las penas.

Una vez finalizada la lectura del veredicto, la Fiscalía ha pedido finalmente para el alcalde tres años de cárcel y seis de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, mientras que su abogado defensor, Manuel Soto, ha pedido por ese delito seis meses de multa y seis meses de inhabilitación. Tras ello, el juicio ha quedado visto para sentencia.

El alcalde "acata pero no comparte" el veredicto

A la finalización del veredicto, el alcalde de La Puebla del Río ha atendido a los periodistas en las puertas de la sala de la Audiencia Provincial donde se ha celebrado la vista oral y ha aseverado que "acata pero no comparte" la decisión del jurado popular, al tiempo que ha anunciado que recurrirá, "por supuesto que sí".

El alcalde, que se presenta como candidato del PSOE a las próximas elecciones municipales, ha explicado que la Ley Electoral "no permite concurrir a las elecciones a los candidatos sobre los que pesa una condena, aunque no sea firme", por lo que, a este respecto, se ha puesto "a disposición del partido, que será el que tenga que tomar una decisión".

Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, que es alcalde del municipio desde 1999, disponía de un teléfono móvil cuyos gastos se abonaban con cargo al fondo de las arcas municipales, pero "a pesar de que se trataba de un teléfono destinado a las necesidades del servicio público", el acusado "lo usaba de manera totalmente abusiva para sus propios intereses privados, originando cuantiosos gastos que fueron abonados con fondos públicos".

El fiscal añade que el procesado gastó entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 hasta 6.098,66 euros en llamadas privadas a una mujer y a teléfonos eróticos. Al ser detectados todos estos gastos "indebidos y desproporcionados" por el entonces portavoz municipal de IULV-CA, éste dirigió un escrito al alcalde "pidiéndole explicaciones" y solicitando copias de las facturas desde agosto de 1999. Tras ello, el primer edil le contestó diciendo que había dado las órdenes oportunas al tesorero y al interventor municipales para exhibirle la documentación pedida a partir del 2 de mayo.

En fecha posterior al 26 de abril de 2001 el también acusado Juan Carlos Benítez Martín, concejal de Obras y Servicios, "conociendo los hechos cometidos" por el alcalde "y para impedir su descubrimiento" a petición de este último, "aprovechó que como concejal tenía acceso a la documentación" y solicitó para sí los duplicados que ya se habían hecho de las facturas originales, que se encontraban debidamente conservados en el archivo municipal para su exhibición a la oposición.

Manipulación de las facturas

De este modo, una vez tuvo en su poder dichos duplicados, "los manipuló, modificando mediante escáner muchos de los números receptores de las llamadas y los teléfonos de la línea erótica en todas las facturas desde noviembre de 1999 a febrero de 2001, todo ello con la finalidad de ocultar la actuación previa" del primer edil. Posteriormente, el concejal acusado devolvió al archivo municipal las copias manipuladas "a fin de que fueran exhibidas" a partir del 2 de mayo al portavoz municipal de IU.

No obstante, y una vez se constató la existencia de las copias manipuladas tanto por el portavoz de IU como por el interventor y tesorero municipales, el concejal imputado devolvió las copias auténticas. Tras la interposición de la querella contra los acusados en mayo de 2002, el alcalde devolvió la cantidad de 6.230,82 euros a que se refería la querella.