El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, aseguró que un nuevo decreto ordenará cumplir "taxativamente" que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sobre el edificio de la plaza Zorrilla y reclamó que la Sala envíe un perito a comprobar las obras para la restitución de la legalidad.

León de la Riva se refirió así al requerimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL dirigido al alcalde para que ejecute la sentencia sobre las actuaciones en el edificio ubicado en plaza de Zorrilla, Santiago y María de Molina, ya que entiende que no se realizan de acuerdo al fallo.

El alcalde de la ciudad explicó que en un nuevo decreto ordena "taxativamente" que se cumpla la sentencia en los propios términos en los que los dicta la Sala y aseguró que se trata de la "misma orden" que se dio anteriormente. A este respecto, recordó que se encargó la redacción del proyecto, "para que no hubiera ninguna suspicacia", a un arquitecto externo al Ayuntamiento y lo hizo entendiendo que recogía lo que decía la sentencia.

Además, reclamó que la Sala mande un perito independiente, que se reúna con el arquitecto también independiente del Ayuntamiento y "se pongan de acuerdo sobre las alturas, sobre los huecos y todas esas cosas".

"Curiosamente, hasta donde yo se, la Sala no ha enviado una inspección, no ha mandado un perito imparcial a recorrer las obras, cosa que sí ha hecho el Ayuntamiento", dijo el alcalde, quien incidió en que de esta forma se da por bueno lo que dice la parte denunciante "sin siquiera haber mandado un perito y en recorrer las obras para ver si se ajustan o no".

León de la Riva añadió que "por supuesto" atribuir la responsabilidad última al alcalde es "habitual" en este tipo de actuaciones judiciales, por lo que al final "la cabeza última es la que toma las decisiones".

Sin conocimiento técnico

Sin embargo, considera que se puede comprender que el alcalde "no entiende de medir huecos, alturas y todas esas cosas" y "lo que hace es lo que tiene que hacer, que es ordenar que se cumpla la sentencia en los términos en los que se ha pronunciado".

El primer edil mostró su sorpresa ante el hecho de que en este tema "como en otros" la oposición sepa, mucho antes que el Ayuntamiento, cuestiones como las ventanas existentes, por lo que "parece que tienen acceso privilegiado a determinada información" que no tiene el Ayuntamiento. "Cuando acabe todo esto escribiremos la historia", dijo.

Así, explicó que cuando la oposición se refiere a los huecos de la séptima planta, donde hay "más de 30 ventanas", parece que saben algo "muy concreto" y que alguien "les enseña los planos o les da una información que no tiene el Ayuntamiento".

Así, criticó que se refieran a las ventanas de la séptima planta, donde él tiene un apartamento con las que "históricamente existieron" en ese edificio, y que no se precise a cuáles se refieren cuando el edificio arranca en la calle Santiago, recorre María de Molina y llega hasta la plaza Zorrilla.

En este sentido, recordó que precisamente una de las discusiones "de origen" es si era un edificio o son tres, ya que en este caso el requerimiento habla de un único inmueble.

Francisco Javier León de la Riva aseguró que no entrará "al trapo" sobre la adquisición de vivienda, que compró a Edificasa, que a su vez fue la que se quedó con el inmueble vendido por Caja Duero. "A lo mejor otros no enseñan dentro de poco un piso que están apalabrando y tienen comprado, no en ese edificio pero sí en alguna zona noble de la ciudad", dijo el alcalde, quien añadió que "están en su perfecto derecho" y no pretende criticar que alguien quiera ir a vivir al paseo de Zorrilla.

Responsable final

En cuanto a la responsabilidad final sobre las obras iniciales ejecutadas en este edificio, indicó que será la Sala la que determine de quién es la responsabilidad, igual que quedó claro en Niña Guapa.

"La concesión de una licencia es un acto reglado, cualquier ciudadano puede solicitar una licencia para construir o reformar un edificio", dijo el alcalde, quien explicó que todo ello requiere una serie de papeleos, si están en regla van al Ayuntamiento y es entonces cuando un técnico municipal que dice y firma si el proyecto se ajusta a la ley.

"Si es así y el técnico lo informa favorablemente, el político de turno, el concejal responsable de ese área, tiene la obligación legal de firmar favorablemente porque es un acto reglado, no es caprichoso del concejal de turno", añadió el primer edil, que si el concejal firma en el sentido contrario al del informe —lo rechaza cuando es favorable o lo aprueba si es desfavorable— "prevarica" o va en contra de los derechos de un ciudadano.

"Esa es la pura realidad pero nadie en su sano juicio puede pensar que ni el alcalde ni el concejal están para pedir los planos", concluyó el alcalde.