El asunto de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha vuelto a centrar la sesión de control al Gobierno del Pleno del Parlamento, con varias preguntadas formuladas por el PP-A, al que el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha exigido que deje actuar a la justicia. Por su parte, los populares han demandado la dimisión de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, y la del exconsejero de Empleo y actual diputado autonómico, senador y secretario provincial del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera.

Manuel Recio ha apuntando que la investigación interna que ha llevado a cabo la Junta en relación con los expedientes de regulación de empleo "está concluida al cien por cien" y sólo quedan cuestiones finales de análisis y ajuste, de manera que toda la documentación será remitida de forma inminente al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Ha insistido en que sólo un uno por ciento del dinero ha sido mal utilizado, por lo que ha negado que se pueda hablar de "un fraude generalizado", como mantiene el PP.

Además, Recio ha querido dejar claro, ante las acusaciones del PP-A contra el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que si hubiera tenido conocimiento durante su etapa de consejero de Economía y Hacienda del más mínimo problema, habría actuado de la misma manera que en la actualidad, esto es, persiguiendo todo aquello que suponga una mala utilización de los fondos públicos.

Según el consejero de Empleo, todos los ERE analizados están perfecto desde el punto de vista de la documentación que se ha manejado, y no se puede confundir una póliza con un expediente de regulación de empleo, por lo que ha pedido al PP más "rigor".

Para el consejero, es evidente que el PP-A está en una "cacería" contra los socialistas. "Hemos demostrado sobradamente que ni este consejero ni la Junta vamos a amparar ninguna irregularidad en los ERE", ha indicado.

Ha instado además al PP-A a que si tiene conocimiento de alguna irregularidad, se vaya al juzgado y lo denuncie, y a que si tiene alguna duda sobre el ERE de Minas de Riotinto le pregunte al ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana y al actual candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

Recio ha acusado al PP-A de querer convertir el Parlamento "en un órgano de especulación y difamación". Para el consejero, está "muy feo tratar de judicializar la política" y utilizar la instrucción que se está siguiendo en el juzgado número 6 de Sevilla desde el punto de vista político. Ha insistido en demandar a los populares que dejen a la justicia a actuar, y en que si conocen alguna irregularidad la pongan en sus manos. Ha indicado que si se la trasladan a él, será lo mismo que llevarla a la justicia porque su objetivo es "perseguir" toda irregularidad.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha querido dejar claro que la Junta ha actuado desde el minuto uno como corresponde a administración "seria y honesta", investigando denunciando y persiguiendo a los culpable, y además se ha personado en la causa como parte acusadora. "En todo momento se ha actuado con determinación y poniendo la lupa para detectar cualquier clase de irregularidad", ha sentenciado Moreno, quien ha recordado además que el Gobierno ha iniciado el procedimiento para dejar de pagar las prejubilaciones que se estén percibiendo de manera indebida y para recuperar hasta el último céntimo de euro.

Ha recalcado que no hay precedente de un Gobierno que haya actuado con más "diligencia y contundencia" que el andaluz ante un caso como este, de manera que "estamos dando ejemplo con una reacción contundente y de colaboración con la justicia". Moreno se ha mostrado convencida de que lo que verdaderamente irrita al PP, instalado en una "campaña de mentiras y falsedades", es la reacción que ha tenido la Junta porque "querrían que hubiéramos actuando como ellos, tapando, negando y actuando contra la justicia ante los casos de corrupción".

Comisión de investigación

El PP-A, durante las numerosas preguntas que ha formulado sobre este tema en la sesión de control al Ejecutivo del Pleno del Parlamento, ha exigido a Recio que remita toda la documentación al Parlamento y ha insistido en la necesidad de que se cree una comisión de investigación en la Cámara.

El diputado del PP-A Antonio Sanz ha manifestado que lo único que parece "estar lleno de corruptos" es la Consejería de Empleo y ha dicho a Recio que debería de avergonzarse "de escudarse en los funcionarios para no asumir la responsabilidad de la corrupción" en su departamento. A su juicio, lo que no puede ser es que si descubren "chorizos progresistas de izquierda, se nieguen a perseguirlos".

Por su parte, el parlamentario popular Jaime Raynaud ha indicado que el secretario general del PSOE en Sevilla y ex consejero de Empleo, José Antonio Viera, debería de haber presentado ya la dimisión de manera fulminante por el asunto de los militantes de Camas (Sevilla) prejubilados de manera irregular, y ha expresado que no quiere ni pensar en que haya habido una "financiación ilegal" del Partido Socialista.

Asimismo, la portavoz del grupo popular, Esperanza Oña, ha exigido a Carmen Martínez Aguayo que dimita porque tiene "razones por la gravedad de su conducta", ya que conocía el reparo de la Intervención General en relación con el procedimiento de los ERE de Hacienda y "no actuó". ¿Por qué no hizo caso al interventor y decidió tramitar los ERE de forma regular?, le ha preguntado Oña, quien acto seguido ha dicho que la consejera "conocía, tapó y permitió las irregularidades" y la ha acusado de "esconder de forma deliberada" informes de la Intervención "que ponían reparos a la conducta de la Junta y no vio motivos para elevarlos" al entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán.

Acto seguido, Martínez Aguayo ha indicado que corresponde a la Intervención General de Hacienda el seguimiento de los informes y que sólo cuando emite un informe de actuación está prevista una actuación específica del titular de la Consejería, si bien dicho informe nunca se produjo. Tras insistir en que en la Junta se trabaja de forma rigurosa y reglada, ha dicho que tanto el titular de la entonces Consejería de Economía y Hacienda y ella como viceconsejera en esos momentos como la Intervención "cumplieron con su responsabilidad en nuestros respectivos ámbitos actuación".

Al PP-A, según ha asegurado, sólo le interesa "confundir, enredar y contaminar a la opinión pública" para sacar rédito electoral con este asunto.