El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, ha considerado este miércoles que el anteproyecto de la Ley de Igualdad de Trato es "muy generalista" y de "dudosa eficacia" porque "no deja claro" si añade algo nuevo a lo que se está haciendo por la Igualdad como principio.

Así lo ha puesto de manifiesto tras la Conferencia Sectorial de Igualdad, donde la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha dado cuenta a los responsables autonómicos en materia de Igualdad sobre los avances en la Ley de Igualdad de Trato, cuyo anteproyecto se encuentra en fase de consulta en espera de recibir los informes preceptivos del Consejo Fiscal y el Consejo Económico y Social.

Según Antón, durante el encuentro, la propia secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, ha asegurado que el anteproyecto de ley "no aumenta derechos sino que es pedagógico", motivo por el que el consejero ha apuntado que "se debería reflexionar más" sobre el texto.

Además, el consejero ha considerado que el anteproyecto "pone en duda" la trasversalidad con la que, a su juicio, trabajan los poderes públicos, al mismo tiempo que ha advertido de que se pueden crear "duplicidades".

"Esta es una primera reflexión", ha destacado Antón quien ha añadido que el texto se aleja de las recomendaciones de la Unión Europea de "ir a acciones más concretas y especificas que a leyes o normas que sean muy generalistas donde la eficacia queda por demostrar", línea en la que, según ha señalado, irán las alegaciones al texto que presente la Comunidad.

El consejero ha subrayado el compromiso de Castilla y León en materia de Igualdad haciendo un mayor esfuerzo "en personas con mayor vulnerabilidad" donde las actuaciones "tienen que ser más eficaces y concretas". Así, puso como ejemplo, la nueva ley de lucha contra la violencia de género de Castilla y León; la ley de renta de garantizada de ciudadanía o el proyecto de ley de la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.

En este sentido, Antón ha añadido que es necesario analizar previamente si las estructuras del Estado y de los Gobiernos están funcionando porque de ser así, "no es el momento oportuno" de aprobar esta ley", momento en el que ha reclamado al Ministerio escuchar las recomendaciones de Unión Europea.