El juez José Castro, instructor del caso Palma Arena, apunta al ex presidente del Govern, Jaume Matas, en el auto que ha dictado por primera vez para poner fin a la instrucción de una de las 25 piezas de esta compleja causa, como el impulsor de la contratación presuntamente irregular del periodista Antonio Alemany, al que hace referencia como su "asesor político en la sombra y fervoroso cronista de todas sus intervenciones", con el objetivo aparente de que asesorase al entonces jefe del Ejecutivo del PP.

En la resolución dirigida a transformar las diligencias previas de la pieza número 2 del caso a procedimiento abreviado, a la que ha tenido acceso Europa Press y que da paso a Fiscalía y Abogacía de la Comunidad Autónoma para que formulen escrito de acusación o pidan el sobreseimiento de la pieza, el magistrado señala que fue el propio Matas quien propuso la adjudicación de este contrato a la agencia de comunicación Nimbus, a fin de simular la contratación directa de Alemany por 110.200 euros entre los años 2003 y 2005.

Unos hechos por los que el juez decreta que continúe el proceso penal no sólo contra Matas y Alemany sino también contra el entonces director general de Comunicación del Govern, Joan Martorell, el administrador de Nimbus, Miquel Romero, la ex directora del gabinete de Matas, Maria Umbert, y la ex secretaria general técnica de la Conselleria de Relaciones Institucionales, Dulce Linares, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la administración.

Así, a lo largo de 14 páginas y mediante un minucioso relato de los hechos, el juez explica cómo Matas, en agosto de 2003, convocó en su despacho del Consolat a Romero, quien ya había sido gestor de la campaña electoral del PP ese año, para proponerle que participase en un concurso para la adjudicación de un 'contrato de consultoría' pese a que, tal y como aseveró en su día el responsable de Nimbus, Matas le instó a "ceder el contrato a Antonio Alemany" como condición para que su empresa resultase adjudicataria -con un beneficio del 5 por ciento del precio-.

A partir de ahí, "se hacía necesario adornar la contratación con todas las posibles formalidades legales", según el magistrado, lo que encomendó a Umbert y Linares, "conocedoras de que la adjudicación ya había sido decidida de antemano y de que la contratación era un simulacro para que el dinero del encargo acabara en manos de Alemany". Un "apaño" del que, de acuerdo a las investigaciones, también hicieron partícipe a Joan Martorell para elaborar un informe sobre la necesidad de la contratación y su tramitación urgente, mientras el resto de imputados eran "plenamente conscientes de que carecía de contenido real y de que los servicios aparentemente contratados nunca se prestarían".

"La finalidad era que el precio concertado fuera a beneficiar a Alemany", prosigue el auto, que recuerda que los inexistentes servicios fueron pagados "religiosamente" con 3.958 euros mensuales (4.591 euros más IVA) hasta 2005. Cantidades a las que se sumaron 87.243 euros tras el informe de prórroga emitido ese año por Martorell.

Subvención irregular a abn

De forma paralela, la resolución hace referencia a los 272.243 euros concedidos por el Govern aparentemente para la creación de la Agencia Balear de Noticias (ABN), perteneciente a Alemany, pese a que en realidad habrían sido invertidos en la creación de un digital -Libertad Balear- "en el que Matas y Alemany tenían intereses coincidentes para que sirviera de favorable resonancia a las decisiones de la acción de gobierno". Según las pesquisas, de esta cantidad el periodista se "autofacturó" 28.789 euros.

Finalmente, la resolución menciona el contrato menor por 11.550 euros que Martorell cursó, después de que Matas aseverase que "a lo que el señor Alemany pida no se le pongan pegas", para la elaboración de entrevistas y reportajes para su posterior publicación en la prensa deportiva nacional. Un importe que habría sido adjudicado a la empresa de Alemany Consultores de Información de Baleares, pese a "no existir la menor constancia de que el objeto del contrato se haya realizado, igual que se ignora en qué medios de la prensa deportiva nacional".