La Junta de Extremadura no sólo recurrió el Estatuto de Andalucía por las competencias sobre el Guadalquivir, sino que nueve meses después, el 4 marzo de 2008, repitió recurso contra otro estatuto autonómico, en aquel caso el de Castilla y León y a cuenta de las competencias sobre la cuenca del Duero.

En su segundo recurso al TC sobre cuencas hidrográficas la Junta de Extremadura consideraba que el artículo 75.1 del texto castellano-leonés, que contempla la "competencia exclusiva" sobre la del Duero, choca contra el artículo 149 de la Constitución Española acerca de competencias exclusivas del Estado en materia de recursos hídricos que afectan a más de una región.

En aquel entonces la vicepresidenta Primera y portavoz de la Junta de Extremadura, Dolores Pallero, defendió la "legitimidad" del Gobierno autonómico para formular dicho recurso después de que, a su juicio, el nuevo Estatuto castellano-leonés vulnerase las "competencias exclusivas del Estado" y conculcase "el principio de la unidad de cuenca".

La portavoz recordó el día en que se anunció a la prensa la presentación del recurso que el Ejecutivo extremeño había encargado

el 23 de noviembre de 2007 un dictamen al Consejo Consultivo de la región para estudiar un posible recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Castilla y León, teniendo en cuenta que la cuenca hidrográfica del Duero atañe a una superficie de unos 35 kilómetros cuadrados de los municipios cacereños de Robledillo de Gata y Descargamaría.

En su momento, la Junta de Extremadura defendió que "las aguas de una misma cuenca forman parte de un conjunto integrado y como tal debe ser gestionado de una forma homogénea". Para el Ejecutivo extremeño se trataba en ambos recursos de una cuestión de "principios", al tiempo que se apuntaba que las decisiones que Castilla y León pudiera adoptar sobre la cuenca del Duero afectarían también a Extremadura "aunque sea mínimamente".

Este recurso está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional, que lo aceptó a trámite. En su día la Junta de Extremadura insistió en que su recurso se presentaba en "defensa de los intereses de los extremeños" y "dentro de la más absoluta normalidad democrática".