El Partido Popular de Extremadura ha anunciado que ha interpuesto este pasado lunes ante la Audiencia Provincial de Badajoz un recurso de apelación por el auto de archivo que la semana pasada emitió el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Olivenza sobre el "caso Lusográfica".

Se trata de un recurso que, tal y como habían anunciado los 'populares', viene "justificado" porque "aún hay mucho que explicar a los ciudadanos extremeños y de Olivenza" sobre un caso al que la formación dice que ya imaginaba que "se le quería dar carpetazo".

Según informa el PP regional en nota de prensa, en el recurso de apelación que presentan las concejalas del PP que denunciaron el caso, Amelia Núñez y María López, "se recoge claramente que el momento en el que las irregularidades cometidas alcanzan la trascendencia penal, es el 14 de febrero de 2006, día en el que se celebra la decisoria Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivenza, que aprueba una serie de puntos a todas luces, irregulares".

En esa fecha la Junta de Gobierno Local acordó, dice textualmente —apunta el PP— el acta, "por unanimidad, cancelar las condiciones resolutorias establecidas en el Pliego de Condiciones económico-administrativas por el cual se le adjudicó el contrato de compraventa de terrenos (6 Has 50 a) en la finca Ramapallas a la empresa Lusográfica, S.A., toda vez que, transcurrido el plazo acordado, la empresa adjudicataria ha cumplido íntegramente las mismas".

Argumentos "sólidos"

El PP extremeño señala que los denunciantes, que son los concejales del PP en el Ayuntamiento de Olivenza, han manifestado "claramente, y con argumentos sólidos", que este acuerdo "fue claramente ilegal por una serie de motivos que quedan recogidos en la resolución".

En primer lugar, los denunciantes afirman que la Junta de Gobierno Local era "manifiestamente incompetente tanto para cancelar las condiciones resolutorias como para dar por cumplidas las mismas, ya que habían sido establecidas por el Pleno de la corporación, único órgano competente para conocer de este acuerdo".

Además, indican que las condiciones "se cancelaron sin que, con carácter previo, se realizara informe técnico alguno sobre el cumplimiento de las mismas, ni con respecto a la inversión de 500 millones de pesetas ni en cuanto a la creación de 100 puestos de trabajo".

De hecho, según el PP, en la declaración ante los juzgados, el secretario de la corporación, Juan Carlos González Montes, señaló ante el Juzgado que "no elaboró ningún Informe sobre si se habían cumplido las condiciones impuestas a Lusográfica, S.A.", y que "ningún concejal integrante de la Junta de Gobierno solicitó dicho informe".

Asimismo, Ramón Rocha, alcalde por aquel entonces de Olivenza, y Justo Núñez Piriz, miembro de la Junta de Gobierno que cita el PP, "han declarado ante el Juzgado, literalmente, que cuando acordaron la cancelación sabían que no se habían creado todos los puestos de trabajo exigidos en el pliego de condiciones".

El PP añade al respecto que el propio ex alcalde, a la pregunta de por qué se habían cancelado las condiciones si no se habían cumplido las mismas, respondió que "porque lo pidió Lusográfica, S.A."

Además, según los 'populares', hay que "tener en cuenta" que "la finalidad principal perseguida con esta enajenación residía en industrializar la localidad, fomentar el empleo y buscar la satisfacción de las necesidades de los oliventinos".

Las obligaciones de la empresa consistían, "principalmente, en invertir 500 millones de pesetas y crear 100 empleos directos y, evidentemente, se obviaron por los máximos responsables de la corporación".

En este sentido, los 'populares' señalan que, "por tanto, la finalidad perseguida con la imposición de las condiciones era evitar claramente un enriquecimiento injusto de la empresa adjudicataria o una desviación hacia la especulación y estas condiciones se obviaron de manera radical por el acuerdo de la Junta de Gobierno". CONDICIONES

Sin embargo, tal y como según el PP se "explicita" en el recurso de apelación, "a pesar de estas circunstancias y de la importancia que revestían las condiciones establecidas en el contrato, la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Olivenza, en sesión de 14 de febrero de 2006, sustrayendo las competencias del Pleno de la Corporación, acordó cancelar las citadas condiciones", afirmando "de forma clara y rotunda que la empresa adjudicataria había cumplido las mismas".

Por ello, según el PP, "está claro que este acuerdo se tomó a pesar de que todos los miembros de la Junta sabían que la empresa no cumplía las referidas condiciones, tal y como han declarado dos miembros de la misma, evitando en todo momento solicitar un Informe sobre dicho cumplimiento que pudiera evidenciar la ilegalidad del acuerdo que iban a tomar".

Con esta actuación, el PP recalca que el ayuntamiento "perdía toda posibilidad de recuperar su bien patrimonial ya que la Junta de Gobierno daba por cumplidos todos y cada uno de los condicionamientos".

Amparo del pp extremeño

Para el PP extremeño, las concejalas del PP de Olivenza, que han sido las denunciantes de este caso ante los juzgados, "han obrado en consecuencia y de una manera leal a los intereses de su pueblo", y "cuentan" con el "amparo" y con el "apoyo" de "todo" el PP de Extremadura y "muchas personas anónimas que ven en esta causa irregularidades claras y manifiestas".

Finalmente, el Partido Popular de Extremadura, y tal y como expresó públicamente su presidente José Antonio Monago, indica que "no" está "dispuesto a callar" ante este caso "porque no debería permitirse que una empresa se lleve 13 millones de euros de todos los extremeños y 65.000 metros cuadrados en propiedad de Olivenza y, encima, prácticamente gratis".