El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites del proyecto de la nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que reforzará la capacidad competitiva y atenderá las demandas de este sector estratégico en la economía regional, según ha informado el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, quien ha confiado en que antes de que acabe el año esté aprobada por el Parlamento.

Andalucía es actualmente la segunda comunidad autónoma en número de cooperativas, con más de 4.500, y mantiene el liderazgo nacional en cuanto a empleo (unos 56.000 trabajadores).

La futura norma, que sustituirá a la vigente desde 1999, introduce como principal novedad la agilización de los trámites administrativos para crear sociedades, incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la distribución de los beneficios, según Ávila, quien ha apuntado que también permitirá la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentará las posibilidades de contratar por cuenta ajena.

De acuerdo con el proyecto, la ley permitirá la constitución de una cooperativa sin necesidad de que intervenga un notario, facilitándose así los trámites registrales, además de rebajar de dos meses a uno el tiempo de respuesta de la Administración en este procedimiento. Las autorizaciones de la Dirección General de Economía Social de la Junta se reducirán de cinco a una y también disminuirá el número de documentos solicitados.

Para facilitar la incorporación de nuevos socios se introduce la figura, pionera en España, del socio a prueba. Ello supone permitir la existencia de un periodo durante el cual la entidad podrá tantear la actitud del trabajador aspirante y éste familiarizarse con el funcionamiento interno de la sociedad antes de vincularse de forma estable. También se abre la posibilidad de que las aportaciones que deba realizar el nuevo miembro se puedan fraccionar o aplazar de común acuerdo.

El proyecto refuerza el perfil inversor de las cooperativas y, en esta línea, suprime la actual exigencia de destinar un 15 por ciento de los beneficios al Fondo de Reserva cuando supongan la mitad del capital social.

Por su parte, se reduce al 25 por ciento la proporción de beneficios extracooperativos (procedentes de operaciones con terceros) para el Fondo de Reserva, frente al actual promedio del 90 por ciento. Además, se abre la posibilidad de que la Asamblea General de la entidad pueda decidir destinar parte de esta reserva directamente a inversiones productivas, de cooperación o de internacionalización.

Con el propósito de permitir una mayor flexibilidad interna, el proyecto de ley regula diversas medidas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, como las denominadas Asamblea y Consejo Rector virtuales. Asimismo, la norma tan sólo exigirá una sesión imperativa anual del Consejo Rector, frente a la actual periodicidad mínima mensual. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de sustituir este órgano de gobierno por un Administrador Único o dos solidarios en cooperativas con menos de diez socios.

Igualmente novedosa es la creación de la figura del Grupo Empresarial Cooperativo, que permitirá formas de integración aún no ensayadas en Andalucía, tanto entre cooperativas como con otro tipo de entidades mercantiles. Estos grupos podrán estar liderados por una sociedad cabeza o bien articulados por sociedades en plano de igualdad. En este segundo caso, las integrantes deberán ser mayoritariamente de naturaleza cooperativa. Junto a estas novedades, se introduce también una equiparación a efectos fiscales de las denominadas cooperativas de integración.

Estas sociedades, formadas por la unión con otras entidades no cooperativas, conforman una figura exclusivamente andaluza y actualmente se excluyen de las ventajas tributarias que rigen para el resto. Además, las operaciones entre sociedades pasan a considerarse como operaciones con socios, no con terceros, evitándose así también gravámenes fiscales. CONTRATACIÓN

El proyecto normativo presentado este martes ante el Consejo de Gobierno también atiende, entre otras demandas del sector, las orientadas a incrementar la posibilidad de contratación por cuenta ajena en cooperativas de trabajo siempre que los empleados rechacen la posibilidad de ser socios; la posibilidad de retribuir a las personas titulares de la presidencia y la secretaría; el voto plural ponderado para cooperativas agrarias en función de la actividad de los socios, y la opción de modular los servicios en este tipo de sociedades según las distintas aportaciones obligatorias suscritas por sus miembros.

El texto legal incluye, finalmente, otra serie de disposiciones que integran objetivos ya asumidos en la práctica por el sector cooperativo andaluz, especialmente los relativos a sostenibilidad empresarial y medioambiental; igualdad entre hombres y mujeres; fomento del empleo estable y de calidad, y conciliación de la vida laboral y familiar.

La reforma normativa iniciada hoy se une a los distintas políticas que la Junta de Andalucía viene desarrollando en los últimos años para respaldar el sector cooperativo en la comunidad autónoma. Entre ellas destacan los incentivos a empresas de economía social, tanto para cooperativas como para sociedades laborales, que entre 2007 y 2010 han supuesto una financiación total de 15,83 millones de euros.

Estos incentivos autonómicos han permitido el desarrollo de 667 proyectos, con 75,9 millones de euros de inversión total generada, 848 empleos creados y 14.892 mantenidos. En el caso de las cooperativas, las ayudas de los últimos cuatro años han alcanzado los 8,12 millones de euros para 303 proyectos que generaron una inversión de 38,75 millones de euros y 286 nuevos puestos de trabajo, además de mantener otros 11.047.