El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, se ha mostrado convencido de que a la imputación del exconsejero de Empleo Antonio Fernández le seguirá la del resto de máximos responsables de este departamento durante los diez últimos años, por su presunta implicación con las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por el Gobierno andaluz.

Valderas se pronunciaba así, en declaraciones a Europa Press, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), haya comunicado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández que, a cuenta del contenido de las diligencias, debe designar a un procurador y a un abogado al objeto de personarse en la causa en calidad de imputado.

"Las responsabilidades políticas que no asume el Gobierno andaluz se las impone la justicia, vía imputación", ha señalado Valderas, quien ha considerado que "cuando la juez imputa da la razón a los que pedimos y seguimos insistiendo en la necesidad de una comisión de investigación que establezca las responsabilidades políticas sobre el desaguisado cometido al margen de la legalidad con los fondos públicos".

En esta línea, el máximo dirigente de IULV-CA ha considerado que por "decoro político", tanto la consejera de Hacienda y Administración Pública, "que se ha responsabilizado de no haber informado al entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán, de los informes de la Intervención de Hacienda y de hacerles caso omiso", como los distintos exconsejeros de Empleo "están obligados a dimitir" de los cargos que ostentan en la actualidad.

Asimismo, Valderas ha afirmado que durante una etapa de la acción del Gobierno andaluz sus dirigentes se han creído "señoritos de un cortijo y dueños de los fondos públicos con los que era necesario ser exquisitos y no lo fueron". En su opinión, se hace necesaria la depuración de responsabilidades políticas, al margen de las responsabilidades jurídico-penales que estipule la justicia.