La vallisoletana que denunció a su exmarido por supuestos abusos sexuales sobre los dos hijos menores de ambos y que hoy había sido citada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer para entregarle su custodia ha incumplido finalmente la orden ante el temor de que los niños vuelvan a sufrir algún tipo de agresión.

Aunque sí acudió al juzgado acompañada de su abogada, la mujer optó por no hacerlo con sus hijos y a cambio presentó un escrito al que tuvo acceso Europa Press y en el que, además de mostrar su deseo de no desobedecer la orden judicial, expone que bajo su responsabilidad no podía entregar a sus hijos al hombre que ha abusado de ellos "pues supondría exponerles nuevamente a esos abusos" y apunta que hará todo lo posible para que los dos menores comparezcan en calidad de testigos el próximo día 17 del presente mes en la causa penal abierta contra su expareja por tales hechos.

La vista del divorcio de la pareja se celebró el pasado día 14 de febrero y, aunque está pendiente de sentencia, la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (Adavasymt) se muestra convencida de que el juez fallará a favor de los intereses del padre, sobre todo teniendo en cuenta la postura también favorable del fiscal, cuyo representante hizo suyo un informe del equipo psicosocial en el que se reconoce que la madre está plenamente preparada para hacerse cargo de los menores pero, en cambio, se pronuncia en contra al entender que la aludida está malmetiendo y poniéndoles en contra de su exmarido.

La letrada del colectivo, Doris Benegas, censuró a finales de febrero la postura del referido equipo y del propio juez, a quienes acusó de aplicar en este y otros casos la teoría del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría "carente totalmente de rigor científico según la cual siempre que un niño rechaza a su padre es porque la madre está manipulando al menor".

En el presente caso, la letrada mantiene que la injusticia es todavía "más sangrante" ya que ni el juez, que ya en la fase de medidas provisionales otorgó la custodia al padre, ni el equipo psicosocial han tenido en cuenta la existencia de una denuncia previa que la madre interpuso contra su ex por supuestos abusos sexuales sobre los dos niños.

Pero además, el mismo juez de Violencia sobre la Mujer es el encargado de esta causa penal, algo que, según Benegas, constituye una vulneración del derecho a la imparcialidad judicial, toda vez que "la concesión al padre de la custodia en la fase de medidas provisionales denota ya una falta de ecuanimidad y que está descartando de antemano la existencia de abusos sexuales".

Ante ello, la asociación optó en su momento por recusar al juez ante la Audiencia vallisoletana, si bien al no conseguirlo ha optado por acudir al Tribunal Constitucional.

Sesiones de pornografía con el niño

Para Adavasymt, la actuación de este juzgado "contraviene los derechos de los menores, que se niegan a estar con el padre", y constituye un despropósito por cuanto ni siquiera hasta ahora se ha tomado declaración al denunciado, y eso a pesar de que la acusación particular ha aportado pruebas más que suficientes, en su opinión, de la necesidad de que los niños sean apartados de su progenitor.

Entre esas pruebas, Benegas citó en su día vídeos pornográficos, "de contenido muy fuerte y absolutamente impropio para menores", encontrados en un armario del padre y que, según ella, eran exhibidos al hijo desde hacía años, así como tickets de compra que acreditan la procedencia del material y extractos bancarios que reflejan esos pagos que se cargaban en la cuenta familiar.