La Seguridad Social en la provincia de Cáceres autorizó, durante el año 2010, un total de 1.085 aplazamientos de deudas a empresas y autónomos, 180 más que en 2009, lo que supone un incremento del 19,9 % y un aumento de los ingresos de más del 49%, según el balance de gestión que ha presentado este lunes la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Cáceres, Ana Belén Martín Hernández.

De los datos presentados se deduce también que el año pasado la provincia cacereña acabó con 1.627 personas menos afiliadas a la Seguridad Social (un -1,12%), con un total de 143.254 cotizantes, aunque se tiende a disminuir los números negativos y la pérdida de cotizantes cada mes.

Además se realizaron 1.024 embargos de muebles inmuebles, lo que supone un 18,66% más que en 2009. También se embargaron un total de 3.253 embargos de bienes muebles, prácticamente lo mismo que el año anterior.

De esos embargos de bienes muebles, la mayoría (1.770) fueron salarios, pensiones y prestaciones económicas, y 1.072 se realizaron sobre vehículos, mientras que se embargaron 398 fondos de inversión, valores o derechos económicos de los deudores a la Seguridad Social.

Además según ha explicado Martín se realizaron 17.304 diligencias de embargos de cuentas corrientes, lo que supone un 24,7% más que en 2009 y una subida importante respecto a las mismas cifras de 2004, cuando se practicaron 2.775 diligencias de embargo sobre las cuentas corrientes. También se han emitido 265 derivaciones de responsabilidad de más de 8 millones de euros. Asimismo se han realizado cerca de 3.000 reclamaciones por aplicación indebida de bonificaciones que han dado lugar a la recaudación de más de medio millón de euros.

A pesar de estos datos la directora provincial de la TGSS ha señalado que la tasa de morosidad entre las empresas y autónomos es similar a la nacional, situándose en un 2,5 por ciento, "un dato aceptable", ha dicho, y que el nivel de ingresos ha aumentado tanto a través de aplazamiento de deudas, como por vía ejecutiva.

Difícil situación

Así, para la concesión de aplazamientos de deudas se ha tenido en cuenta la difícil situación por la que atraviesan algunas empresas y trabajadores autónomos cuyos proyectos empresariales, siendo viables, presentan dificultades de liquidez.

"Por ello, cuando estos atraviesan por problemas de carácter coyuntural, pero acreditan su viabilidad, se les facilita la autorización del aplazamiento", explica Martín, que añade que con esto se consigue su continuidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

De hecho del total de solicitudes presentadas para aplazar la deuda se han estimado el 98% habiéndose denegado "solo el dos por ciento". Además casi el 98% de los aplazamientos lo han sido por cuantías inferiores a 30.000 euros "lo que evidencia que la regularización de la deuda se ha realizado en fases tempranas". Por ello los ingresos de aplazamientos se han incrementado un 49% alcanzando más de 2.690.000 euros.

Martín también ha destacado en la rueda de prensa el dato de la recaudación obtenida solo en vía ejecutiva durante 2010 que ha sido de 12.017.479,41 euros, un 14,5% más que el año anterior. Esta cifra es la más elevada desde la creación de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en 1988 y "se debe fundamentalmente a un mayor esfuerzo para mejorar la gestión realizada por el personal de estas unidades, al avance de las aplicaciones informáticas que facilitan el seguimiento de la deuda y de los deudores, y al reforzamiento de los mecanismos de colaboración con otras entidades públicas y privadas".

Más control a empresas

En cuanto al control de la deuda, la TGSS ha intensificado el seguimiento de las primeras deudas detectadas en las grandes y medianas empresas que hasta ahora no habían incumplido sus obligaciones de pago, de manera que en 2010 han sido objeto de análisis específico un total de 933 empresas, lo que supone un incremento de 172,8% respecto al dato de 2006.

Como resultado de estas actuaciones, una vez conocida la deuda de las empresas que contraen un primer impago con la Seguridad Social, se ofrece a éstas la posibilidad de regularizar la deuda, bien efectuando pago o bien obteniendo un aplazamiento que después tendrán que abonar con un 4% de interés. Así, en el año 2010, alrededor del 92% de las empresas que generaron un primer descubierto normalizaron su situación.

Martín, que ha estado acompañada en su comparecencia por el subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando Solís, ha explicado que la TGSS continuará impulsando actuaciones para hacer frente a comportamientos fraudulentos, bien a propia iniciativa, o bien contando con la colaboración de otras administraciones, como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Parte de estas iniciativas ya se programan a través del Observatorio del Fraude y destacan sobre todo actuaciones sobre encuadramientos indebidos, bajas irregulares en determinados periodos del año, derivaciones de responsabilidad, seguimiento de empresas insolventes con actividad, contratos a tiempo parcial o falsos autónomos.

En la provincia de Cáceres se han realizado más de 592 actuaciones para prevenir el fraude en todos los sectores de la economía como construcción, hostelería, agricultura, comercio, transporte, servicios e industria, "sin que ninguno destaque de una forma relevante por encima de otros", tal y como ha explicado la directora provincial de la TGSS.

En relación a la situación de los ayuntamientos de la provincia y a su deuda con la Seguridad Social, ha recordado que solo el de Plasenzuela (Cáceres) "continúa igual que el año pasado", acumulando unos impagos de más de 1,7 millones de euros, según el listado que hizo público el Ministerio de Economía y Hacienda en enero de 2010.