La diputada del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Rafaela Obrero, ha pedido a la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, que "tome nota" y emprenda "actuaciones urgentes" tras el "suspenso" del Defensor del Pueblo, José Chamizo, a las políticas de accesibilidad del gobierno de Griñán.

En un comunicado, el PP recuerda que Chamizo presentó el pasado jueves un informe en la Comisión de Igualdad y Bienestar Social de la Cámara Autonómica que revelaba que la población que reside en viviendas situadas en inmuebles con tres o más plantas, con y sin ascensor, en nuestra comunidad autónoma es de 1.154.911, siendo el porcentaje de población que reside en viviendas con ascensor un 49,21 por ciento y un 50 por ciento las que no lo tienen. De ellas, alrededor de un 13 por ciento son personas discapacitadas y/o con movilidad reducida.

En este sentido, Obrero apunta que "los principales perjudicados por esta situación son las personas con discapacidad, si bien es cierto que cada vez es mayor el envejecimiento de la población, por lo que esto hace que aumente considerablemente el número de personas con movilidad reducida en Andalucía, que necesitan el amparo de las administraciones para poder llevar una vida digna e independiente en sus hogares".

Rafaela Obrero revela además que el informe recoge quejas de andaluces que sufren verdaderos dramas familiares, "que nos hacen entender la gravedad de este problema cuando sus viviendas se acaban convirtiendo en prisiones por las dificultades que tienen para acceder o salir de ellas".

Para Obrero se deja en evidencia la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal, en cuanto al quórum necesario para obtener la conformidad de la Comunidad de Propietarios a la hora de llevar a cabo la instalación de un ascensor, flexibilizar la normativa existente y adecuarla a los planes urbanísticos y ordenanzas de edificación de los municipios andaluces.

Critica también la falta de eficacia de las actuaciones de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, responsables de canalizar las ayudas para la colocación de ascensores; así como los retrasos desmesurados en la tramitación de los expedientes en las delegaciones provinciales. En este sentido, Obrero ve "muy complicado" cumplir el horizonte temporal del 2019 que marca el decreto 293/2009 de 7 de julio para eliminar las barreras arquitectónicas en edificios públicos y privados.