El Pleno del Congreso ha dado luz verde, con el apoyo de todas las formaciones, salvo el voto en contra del PP y la abstención de ERC-IU-ICV y BNG, a la ley complementaria de la Ley de Economía Sostenible que modifica la Ley Orgánica de Cualificaciones y Formación Profesional y la Ley Orgánica de Educación (LOE), con el objetivo de orientar los estudios al mercado laboral.

El pasado 23 de febrero el Pleno del Senado sacó adelante las enmiendas a este proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes de Cualificaciones y de la Formación Profesional, y de Educación.

La modificación, que afecta a distintos apartados de ambas normativas, está dirigida a enfocar los estudios, especialmente el cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) al mercado laboral, así como a facilitar que se compagine la formación profesional con el mantenimiento de un empleo.

En este sentido, se modifica la Ley Orgánica de Cualificaciones y de Formación Profesional de 2002, con una batería de reformas que vinculan las titulaciones a las necesidades del mercado laboral, crear cursos de especialización que complementen estas enseñanzas, "flexibilizar" los estudios a distancia para que sean compatibles con un trabajo o ampliar la red de centros de preparación para el empleo, entre otras medidas.

Así, se añade un apartado al Artículo 10 de la ley vigente para que las administraciones educativas planifiquen la oferta de estas enseñanzas a "la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, las propias expectativas de los ciudadanos, las demandas de formación, así como las perspectivas de desarrollo económico y social" para realizar una oferta "que responda a las necesidades de cualificación de las personas".

Además, se establece la creación de "entornos integrados de educación superior", de tal manera que los campus universitarios incorporen en su ámbito de influencia centros de formación profesional que impartan ciclos formativos de grado superior cuyas familias profesionales se encuentren relacionadas con las especializaciones del campus.

En cuanto a la LOE, la norma complementaria de la Ley de Economía Sostenible persigue que cuarto de la ESO sea un curso orientador, para lo que se modifica, entre otras cuestiones, el diseño del curso. En concreto, se elimina la lista de asignaturas optativas entre las que seleccionar tres y se deja en manos de las administraciones educativas establecer este "conjunto" de materias.

Otro de los aspectos a destacar de esta modificación legislativa es el referido al apartado 3 del artículo 31 de la LOE, según el cual, los alumnos que cursen la ESO y no obtengan el título recibirán un certificado de escolaridad en el que consten los años cursados. Como novedad, en esta certificación deberá constar el nivel de adquisición de las competencias básicas.

Además, las administraciones educativas, al organizar las pruebas libres para la obtención del título de graduado en ESO, determinarán las partes de la prueba que tienen superadas.

La diputada del PSOE, Cándida Martínez, ha señalado que, con la aprobación de las enmiendas del Senado al texto, se han incorporado "ciertas mejoras" en la redacción del mismo y se refuerza el principal cometido inicial: mejorar la formación del conjunto de la población española para sustentar un nuevo modelo de crecimiento económico.

Es más, ha mostrado su disconformidad con el voto en contra de los 'populares' a este proyecto de ley puesto que, según ha indicado, "siempre anteponen sus intereses personales a los generales" y lo "más importante" para la rentabilidad y la creación de riqueza es la educación, la formación y la ampliación del conocimiento.

Por su parte, el diputado del PP, Celso Delgado, ha argumentado que su voto en contra a esta modificación se debe a que el balance realizado tras la tramitación del texto es "negativo". En su opinión, el Gobierno no ha sido capaz de acometer las reformas "necesarias" y el nuevo texto "en nada suple los incumplimientos de la materia", ha puntualizado.

"Tenemos 538.000 estudiantes de Formación Profesional, mientras que 1,6 millones son universitarios. Los problemas de la FP no quedan subsanados por esta reforma", ha reiterado el diputado del Partido Popular.