Asaja-Huelva y la Federación Onubense de Empresarios (FOE) han anunciado este jueves que, en cumplimiento de su responsabilidad, estudiarán la posibilidad de emprender medidas legales contra UGT por emitir públicamente acusaciones "sin prueba de lo que afirma", después de que ayer el secretario general de UGT-Andalucía, Manuel Pastrana, mostrara su preocupación por el desarrollo de la campaña fresera; considerara "indignas" las condiciones sociolaborales a las que tiene sometido a los trabajadores, y pidiera el fin de la contratación en origen.

En una nota, ambas organizaciones han precisado que las tablas salariales y todo lo referente al convenio del campo que rige en la provincia de Huelva es negociado de "forma conjunta y por consenso por la patronal agraria, en este caso, Asaja-Huelva, y por los dos sindicatos mayoritarios, entre los que se encuentra el denunciante UGT". Por tanto, las condiciones laborales y económicas del mismo son "tan responsabilidad y decisión de UGT como de los otros dos firmantes".

El de Huelva es el único convenio que contempla la disponibilidad de alojamiento gratuito para los trabajadores desplazados de sus hogares para participar en las campañas agrícolas de la provincia, un hecho pionero en este sentido, como también lo fue en dejar patentes los derechos laborales y protecciones pertinentes hacia la mujer dentro del sector agrícola, haciendo especial mención en la firma de 2008 de la Ley de Igualdad, han asegurado Asaja y UGT.

Por la relevancia mediática del sector, en múltiples ocasiones la sociedad española ha tenido ocasión de comprobar cómo son estos alojamientos, que son "perfectamente dignos y cubren las necesidades de las personas desplazadas durante la campaña". Pero además, los sindicatos han tenido y tienen, oportunidad de inspeccionar los alojamientos, ocasión no aprovechada por UGT, que a este respecto "ha hecho dejación de funciones".

No es noticia que UGT permanezca vigilante ante los hipotéticos incumplimientos que pudieran producirse en un sector concreto, en este caso, el sector agrícola. Es simplemente su responsabilidad y su deber, y a lo que debería estar dedicando sus jornadas laborales, han señalado ambas organizaciones.

Desde hace años y de forma periódica, UGT "busca notoriedad gratuita aprovechando el desarrollo de la campaña fresera para lanzar acusaciones sin fundamento ni pruebas, sobre las que además nunca actúa con las herramientas que la Ley pone en su mano", a lo que han añadido que estas afirmaciones "perjudican socioeconómicamente a todo un sector y contribuyen a esterotiparlo de forma injusta".

Contratación en origen

La contratación en origen ha posibilitado el sostenimiento del sector, que necesita de un gran número de trabajadores en los meses de campaña, durante el tiempo que ha durado la bonanza económica y laboral en España. Ahora, como entonces, es una herramienta a la que se recurre cuando es imposible contar con la mano de obra suficiente para sacar adelante las campañas. Este proceso ha sido siempre consensuado en la Mesa de las Migraciones, en la que una vez más, está presente UGT, y supervisado y controlado por el Gobierno.

Asaja ha asegurado que no hay por parte de los empresarios agrícolas "especial interés por contratar trabajadores de una determinada nacionalidad, como tampoco se puede obligar a nadie a que desarrolle un trabajo en contra de su voluntad". Por tanto, y como viene siendo habitual desde que España entró en crisis, se prima la contratación de mano de obra autóctona y cuando no es posible contar con la mano de obra suficiente, se recurre a otras fórmulas, como la consabida contratación en origen.

"No se puede, porque lo prohíbe la Ley de nuestro país, contratar a personas de nacionalidad extranjera en situación de ilegalidad", ha asegurado Asaja, quien ha incidido en que "nada tiene esto que ver con la voluntad de los empresarios y no se puede culpar a este sector de la problemática de los inmigrantes ilegales".