El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, Antoni Rotger, será finalmente el encargado de instruir el caso Picnic, que investiga la presunta captación de militantes y futuros votantes de UM con fondos públicos durante la actual legislatura, después de que así lo haya resuelto el juez decano atendiendo a las normas de reparto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

El decano, Francisco Martínez Espinosa, ha adoptado esta decisión al haber sido esta instancia judicial la que autorizó, el pasado 24 de febrero -día en que se encontraba de guardia-, las entradas y registros llevados a cabo en el marco de esta operación, entre ellos en la sede de UM, en lo que constituye el primer registro realizado en las dependencias de un partido político en la historia democrática de Baleares.

Además, el juez entiende que se trata de una nueva línea de investigación que no cuenta con antecedentes en otros Juzgados, pese a que en un principio se barajaba la posibilidad de que la causa quedase en manos de Instrucción 2, encargado del caso Maquillaje, o Instrucción 10, que indaga los hechos del caso Voltor, procedimientos que guardarían relación en parte con las investigaciones de Picnic.

Cabe recordar asimismo que esta causa también pasó por el Juzgado de Instrucción número 12, que estaba en funciones de guardia cuando pasaron a disposición judicial la ex regidora de Medio Ambiente y ex número 2 de UM en Palma, Cristina Cerdó, y la ex coordinadora de esta área, Paula Cortés, y fue detenido el ex conseller de Juventud y Deportes del Govern, Mateu Cañellas.

El magistrado Francisco José Pérez dictó ese día prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para Cortés -que posteriormente fue rebajada a 65.000-, sobre quienes pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas y fraude a la Administración. Mientras tanto, la Fiscalía solicitó una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para UM.

Una caución sobre la que el juez, en este caso Rotger, aún no se ha pronunciado a la espera de que el partido nacionalista presente un escrito donde esgrima los argumentos por los que se opone a esta fianza, y designe a un abogado y un procurador que les represente.

La cantidad solicitada resulta de la suma de los 1,2 millones de euros que, de acuerdo a las investigaciones, pudieron malversarse en el marco de los hechos investigados más un tercio de esta cantidad que marca la Ley. Y es que las pesquisas apuntan a que UM contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido.

De este modo, las indagaciones se centran en si pudieron cometerse entre otros delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos.

Asimismo, el caso centra parte de sus pesquisas en averiguar si la formación nacionalista, a través de la oficina municipal de Medio Ambiente que controlaba el partido, utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.