Un testigo, propietario de una cantera de Petra que se vio afectada por el desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, ha reafirmado ante la jueza instructora del caso Peaje que el ex ingeniero jefe de Carreteras del Consell, Francisco Orejudo, el ex celador de esta área Gabriel Mestre, y ex director insular Gonzalo Aguiar facturaron a la UTE encargada de estas obras diversos trabajos efectuados a nivel particular en sus domicilios, unos hechos que se encuentran bajo investigación en este procedimiento judicial.

Así lo ha puesto de manifiesto Gabriel R.B. ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, ratificándose de este modo en la declaración que ya efectuó en dependencias de la Jefatura Superior de Policía cuando estalló la operación policial de esta causa, que se saldó con la detención de un total de 18 personas, entre ellas ex altos cargos del Consell y empresarios que intervinieron en la reforma y modernización de la carretera.

El testigo ha explicado que fue a través de su ex mujer, Magdalena M.G., que era la contable de la UTE, como se enteró de estas presuntas irregularidades así como de la existencia de unas carpetas que contenían todas las facturas de las obras que se habían realizado a través de la UTE en los domicilios de los anteriores encausados. Según ha reconocido, pese a no tener cargo alguno en la UTE, entró en la sede de ésta y fotocopió estas facturas para poder después denunciar las irregularidades, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Entre los hechos investigados, Gabriel R.B. ha manifestado en referencia a Orejudo que la empresa Electrohidráulica -perteneciente a la UTE- llevó a cabo la instalación eléctrica de su domicilio, cuyo importe ascendía a más de 240.000 euros. Mientras tanto, en relación a Mestre, ha explicado que el asfalto del camino que llevaba hasta su casa fue también facturado a la Unión de Empresas así como el forrado de piedra y las farolas colocadas en su jardín y que debían ser instaladas en la carretera.

Durante su comparecencia, el testigo ha recordado además que como propietario de la cantera Sa Teulera, en Petra, interpuso una demanda por la vía contenciosa-administrativa para reclamar siete millones de euros por los perjuicios ocasionados a raíz de las obras de la carretera que impiden que la cantera pueda ser utilizada. Al ser preguntado por el letrado de Aguiar, José Zaforteza, si habría denunciado en caso de que el procedimiento ya estuviera resuelto y hubiera cobrado lo que reclama, el testigo ha manifestado que hubiera actuado de la misma manera para poner las supuestas irregularidades en conocimiento de los investigadores.

Cabe recordar que su ex mujer declaró recientemente ante la jueza, ante quien aseveró que se enteró "por rumores" de estas supuestas ilegalidades, cometidas en forma de supuestos desvíos de fondos públicos y materiales a obras privadas que fueron facturadas como si se tratasen de trabajos de la antigua C-715.

Tanto Aguiar como el ex vicepresidente del Consell, Antoni Pascual (UM), también imputado, han negado un desvío a fines particulares y han negado que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr), que se encargó finalmente de las obras.