El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado este miércoles que los discapacitados intelectuales de Valladolid que asistían a los talleres ocupacionales ofertados por el Ayuntamiento en el centro ocupacional de la calle Montes y Martín Baró tendrán que pagar a partir de ahora por un servicio que ha sido gratuito durante 22 años.

En un comunicado recogido por Europa Press han señalado que al Ayuntamiento el servicio le costaba "poco más de 47.000 euros" anuales, con una subvención de 88.000 euros de la Junta, por lo que ha lamentado que no quieran subvencionar este servicio al mismo tiempo que han destinado "40 millones de euros" a obras como el puente de Santa Teresa, la plaza del Milenio o el túnel de la Avenida de Salamanca.

El Grupo Municipal Socialista presentará enmiendas tanto en comisión como en pleno para evitar lo que a su juicio sería "un claro síntoma de lo que le importan las personas a este equipo de gobierno". Esta modificación se aprobó el pasado viernes en la Junta de Gobierno municipal y se llevará a la próxima Comisión de Bienestar Social, Empleo y Familia.

Así, han recordado que el centro ocupacional se acondicionó con los fondos del Plan E de 2009 y desde abril de año pasado, acoge los cuatro talleres ocupacionales para personas con discapacidad intelectual, dos de los cuales comenzaron a funcionar ya en 1989 en el Campillo y la Victoria, para sumarse otros dos en 1993 en Delicias- Argales y la Rondilla.

Desde sus inicios hasta hoy, relata el PSOE, ha sido un servicio municipal gratuito, tal y como se recoge en el artículo 11 sobre derechos de los usuarios del reglamento que actualmente los regula. Sin embargo, el proyecto aprobado asume la desaparición de esa gratuidad a lo largo de todo el articulado, introduciendo, por ejemplo, como documento necesario para la solicitud, la autorización de cobro de la aportación económica a través de cuenta bancaria.

Los socialistas han lamentado que de los derechos de los usuarios "desaparece el de recibir una terapia ocupacional totalmente gratuita y con carácter integrador" y aparecen dentro de las obligaciones de las personas beneficiarias y de quienes ejercen su patria potestad o tutela "contribuir al sostenimiento económico del centro aportando el precio público correspondiente, en su caso".

Actualmente son 60 las personas adultas con discapacidad intelectual usuarias del centro, algunas de las cuales acuden a estos talleres desde su inicio, hace ya 22 años.

Aunque aún se desconoce el precio que el Ayuntamiento le pondrá al servicio, el PSOE considera que "no todas las personas usuarias o sus tutores podrán hacer frente al pago del precio público que se apruebe con lo que, según la disposición transitoria del proyecto del nuevo reglamento, sólo podrán continuar recibiendo el servicio durante un plazo máximo de seis meses.