El PP de Granada ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que resuelva "cuanto antes" el caso de la supuesta alteración irregular del censo electoral en Lanjarón (Granada) por parte de miembros de este partido justo antes de las elecciones municipales de 2007, un asunto que "ya lleva cuatro años investigando".

A preguntas de los periodistas sobre este caso, en el que está imputada, entre otros, la parlamentaria andaluza del PP María del Carmen Reyes Ruiz, el portavoz del PP en la Diputación, José Antonio Robles, ha confesado que no sabe lo que va a ocurrir, ya que, en primer lugar, se desconoce "a quién votaron esas personas" que supuestamente fueron empadronadas en el pueblo para incluirlas en el censo electoral para su participación en los comicios.

"Les voy a contar mi experiencia, yo fui denunciado por empadronamiento fraudulento por el portavoz y candidato del PSOE en el Ayuntamiento de Güéjar Sierra, José Martín Robledo, y en su denuncia recogía que vivía en Huétor Vega a pesar de estar empadronado en Güéjar Sierra", ha relatado el dirigente 'popular'.

Por este asunto, que fue denunciado en su día por el PSOE, están además imputados el que fuera alcalde del municipio alpujarreño granadino, el 'popular' José Rubio, la concejal Francisca Gallardo y la secretaria general del PP en Lanjarón, Sonia Gutiérrez Quiles, a los que la juez atribuye un posible delito de falsedad electoral.

Según consta en la exposición razonada de la instructora, a la que ha tenido acceso Europa Press, existen "indicios" de que a finales de enero de 2007 el entonces alcalde y las otras tres inculpadas participaron en el empadronamiento de unas 100 personas "con el fin de incluirlas en el censo electoral para su participación en las elecciones municipales" de aquel año.

De las diligencias practicadas por la juez "resulta que muchos de estos empadronamientos no se correspondían con la realidad", ya que los empadronados no residían en la localidad y, de hecho, algunos fijaron su residencia en el propio domicilio de los imputados y, muchos de ellos, "se dieron de baja en el padrón una vez celebrados los comicios".