Los alcaldes de Calasparra y Campos del Río, Jesús Navarro y Miguel Navarro, respectivamente, creen que el concurso de acreedores de Cofrusa "facilita las cosas" ya que esta operación de compra "nunca debería haberse producido, pues fue una huida hacia delante del grupo empresarial" y, a juicio del primer edil calasparreño, "habría que permitir que el Grupo Mediterra pueda desprenderse de estos activos de estas dos factorías", en referencia a Halcón Foods y Conservas Fernández.

En concreto, según Jesús Navarro, "si el Grupo Mediterra entrara en concurso de acreedores facilitaría que Cofrusa se pudiera desprender de lo que nunca debió comprar puesto que no tenía capacidad para poner en marcha Halcón y Conservas Fernández y facilitará que otro grupo empresarial lo compre y permitiría a Cofrusa salir de la situación en la que está y mantener su actividad".

En este sentido, el alcalde de Calasparra señaló que las cosas "las seguimos viendo gris casi negro pues la situación en el municipio es difícil, la factoría sigue cerrada, y es que desde que el Grupo Mediterra adquirió Conservas Fernández, en Calasparra no se ha abierto la fábrica y no se ha hecho ni un sólo día de trabajo".

Una parte importante de los trabajadores afectados por el ERE, añadió, "siguen sin cobrar y ahora la esperanza que tenemos es que después del concurso de acreedores haya alguna vía de futuro, que los trabajadores puedan cobrar los cerca del millón de euros que les adeuda la empresa o la posibilidad de que este grupo empresarial se desprende de activos como la fábrica de Conservas Fernández y otra empresa pueda hacerse con ella, rentabilizarla y ponerla de nuevo en marcha".

Por su parte, el alcalde de Campos del Río mostró su solidaridad "plena" con los trabajadores de Calasparra "porque llevan mucho tiempo sin trabajar y un ERE sin cumplir" tras lo que mostró su preocupación y rechazo a que los trabajadores "no hayan cobrado ya esos despidos".

En Campos del Río "afortunadamente", apuntó, llevan trabajando dos meses con perspectiva de trabajar la campaña de alcachofa que podría empezar en unas semanas con la previsión de hacer unos 20 millones de kilos, "con lo cual tenemos dos o tres meses más de empleo".

Cabe recordar que la titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia ha declarado en concurso a Conservas y Frutas S.A. (Cofrusa) una vez "que ha sido acreditado su estado de insolvencia actual", según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) en un comunicado.

El concurso tiene el carácter de voluntario, al haber sido instado por el propio deudor, que, según la resolución, "no ha solicitado la liquidación de su patrimonio".

Igualmente, en el auto de 4 de marzo de 2011, la juez acuerda que las facultades de administración y disposición del patrimonio de la empresa sean intervenidas por la administración concursal y sometidas a "su autorización o conformidad". A tal efecto, se ha designado como administradores concursales a un abogado, un economista y uno de los acreedores.

En este sentido y preguntado sobre si las otras empresas podrán salir adelante, Jesús Navarro indicó que "todo depende de que los administradores concursales diriman si el concurso de acreedores afecta sólo a Cofrusa o a Cofrusa/Mediterra porque está claro que es la misma empresa con distintos nombres".

HISTORIAL

Cofrusa adquirió en 2009 a través de la mercantil Mediterra a las empresas Halcón Foods y Conservas Fernández (La Diosa), para lo que recibió un aval de 28,5 millones de euros de la Comunidad Autónoma, a través del Instituto de Fomento (INFO). Sin embargo, los problemas persistieron y la empresa volvió a solicitar un segundo aval de 22 millones de euros.

En diciembre de 2010, el INFO negó este segundo aval, y exigió a la empresa que cumpliera "con todos los compromisos que adquirió para dar viabilidad al proyecto empresarial".

Paralelamente, los trabajadores de la empresa convocaron reiteradas concentraciones a las puertas del INFO y de San Esteban -sede del Gobierno regional- para reclamar la viabilidad de la compañía. Asimismo, tuvieron lugar sucesivas reuniones y estudios de seguimiento a la empresa por parte del Gobierno regional, organizaciones sindicales y los alcaldes de los municipios afectados -Albuideite, Calasparra, Campos del Río y Mula-.

Finalmente, la empresa presentó un concurso voluntario de acreedores ante el juzgado de lo Mercantil de Murcia, lo que desembocó el 29 de diciembre de 2010 en la convocatoria de una huelga general en los municipios en los que se encontraba implantada la empresa.