La reducción de efectivos policiales en la frontera con Portugal está provocando un aumento de la delincuencia en la provincia de Badajoz y en particular en la capital pacense, al permitir un mayor tráfico de bandas que trafican con armas o drogas, según asegura la Unión Federal de Policía (UFP).

Representantes del sindicato policial en los ámbitos nacional y regional han responsabilizado el jefe superior de Policía de Extremadura, Ángel Galán, de la decisión, adoptada el año pasado, de reducir los agentes destinados en el puesto fronterizo, pasando, según la estimación sindical, de una veintena hasta cinco en la actualidad.

Los dirigentes sindicales han precisado que la "merma" del control en el paso fronterizo permite que haya mayor entrada de drogas y armas, lo cual es causa de ajustes de cuentas y tiroteos en los barrios conflictivos de Badajoz.

Además, la UFP ha explicado que el Gobierno central no costea a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía el equipamiento de protección individual consistente en chaleco antibalas y guantes anticorte, que a día de hoy consideran fundamental para preservar la propia seguridad cuando se penetra en barriadas como las citadas.

Al respecto, el secretario general de la Unión Federal de Policía a nivel nacional, Javier Arrillaga, ha precisado que, en cambio, en el País Vasco el gobierno autonómico paga a los ertzainas el primer chaleco antibalas y les da una subvención si adquieren otro.

Una ciudad para delinquir

Por su parte, el secretario de Acción Sindical y Prevención de Riesgos a nivel regional, Aníbal Díaz, ha subrayado que si él fuera un delincuente y tuviera que escoger una ciudad para delinquir, elegiría una que permitiera una huida "lo más sencilla posible", perfil que coincide actualmente con Badajoz capital. "Yo elegiría la ciudad de Badajoz", ha afirmado el representante sindical.

Otro de los participantes en la rueda de prensa, celebrada en la sede de UGT en Mérida, ha sido el secretario regional de la UFP, Juan Manuel Gordillo, quien ha recriminado al jefe superior por su actitud contraria al diálogo con los sindicatos y ha asegurado a los periodistas que la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, está en "total connivencia" con las decisiones de Ángel Galán.

Los representantes sindicales también han dedicado parte de su comparecencia ante la prensa a llamar la atención sobre el estado "ruinoso" de algunas de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en la región, así como carencias diversas.

En particular han citado instalaciones como la comisaría de Almendralejo o el control de acceso al Centro Penitenciario de Badajoz. Además, han lamentado que los agentes encargados de velar por la seguridad en el casco viejo de Mérida no dispongan de motos adecuadas para esta función.

Han explicado que ya en 2010 la Inspección de Trabajo reclamó a la Jefatura Superior en la región que se subsanasen algunas deficiencias en instalaciones y dependencias, trabajos que aseguran todavía no se han realizado. Sin embargo, han afirmado, el jefe superior decidió abrir expediente disciplinario al sindicalista Anibal Díaz por haber denunciado tales deficiencias.