Según indica el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, fue en agosto de 2005 cuando el procesado inició una relación sentimental con la víctima, M.J.P., comenzando a convivir poco tiempo después en la localidad de San Juan de Aznalfarache.

Al hilo de ello, el fiscal asevera que, "desde el principio", el procesado "mostró un carácter violento y controlador, siendo frecuentes las discusiones" en las que se dirigía a ella en tono despectivo e insultándola, tras lo cual acababa golpeándole en la cara, "retorciéndole las muñecas, zamarreándola o agarrándola por el cuello hasta dejarla casi sin respiración".

En este sentido, dice que los golpes, empujones y arañazos "se convirtieron en una constante", llegando en una ocasión a arañarla con un cuchillo en el brazo, episodios todos ellos "que se producían cuando se encontraban solos en el domicilio común".

Pese a ello, la mujer no interpuso denuncia ni acudió a centro médico alguno hasta que la noche del 14 de octubre de 2005 el procesado llegó al piso y, ante su negativa a mantener relaciones sexuales, "sin mediar palabra y con ánimo de menoscabar su integridad física", comenzó a darle golpes y patadas en el abdomen "hasta el punto de provocarle una hemorragia vaginal".

Añade la Fiscalía que, "lejos de cesar en su propósito, la empujó y le arrancó la ropa, consiguiendo finalmente culminar la relación sexual". Posteriormente, el 25 de octubre y en el transcurso de una de las disputas diarias que mantenían, "con la intención de menoscabar la integridad física de su pareja", el acusado le arrojó un teléfono móvil a la cara que la obligó a acudir al hospital.

A finales de noviembre, la víctima decidió poner fin a la relación y se marchó a casa de su madre, en Almonte (Huelva). Sin embargo, el 6 de enero de 2006 volvió a San Juan y reanudó la convivencia con el procesado, volviéndose a repetir las discusiones y peleas, por lo que el día 10 de enero le comunicó su intención de marcharse.

Le amenazó con decapitarla

Cuando se disponía a ello, el acusado la llamó por teléfono, originándose una "fuerte" discusión sobre si se iba o no, y llegando éste a decirle, "con ánimo de infundirle temor", que era capaz de decapitarla. A consecuencia de ello, la mujer sufrió una crisis de ansiedad y, posteriormente, le fue concedida una orden de alejamiento.

Por todo ello, el fiscal pide para el acusado diez años de cárcel por un delito de agresión sexual; dos años y seis meses de prisión por un delito de maltrato habitual; ocho meses de cárcel por un delito de maltrato de obra y otros ocho meses por las amenazas, así como el pago de una indemnización de 3.120 euros.