El Centro de menores Champagnat de Huelva capital ha rechazado "rotundamente" cualquier insinuación de maltrato, y ha dejado claro que en todo momento, la Institución Marista que gestiona el centro ha colaborado con el Servicio de Protección de Menores y con la Fiscalía de Menores.

En un comunicado, el Instituto Marista Provincia 'Mediterránea' para despejar toda duda y esclarecer la verdad, han indicado que tras recibir la primera notificación, el día 8 de octubre, solicitaron a la Delegada de Igualdad y Bienestar Social de Huelva, Carmen Lloret, que se hiciera un informe pericial médico y psicológico de todos los menores que habían pasado por su centro desde su apertura, el cual "hasta la fecha no se ha realizado".

Insisten en que "desde que el día 8 de octubre la Fiscalía de Menores visitó el centro, no han tenido ninguna otra noticia". Sin embargo, la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de Huelva inició a mediados de febrero una propuesta de resolución del convenio que tenía suscrito con su institución, "si bien la resolución no es firme a la espera del pronunciamiento sobre las alegaciones" del centro.

La Delegación inició la propuesta de resolución por incumplimiento, sustentada en unas supuestas declaraciones de algunos menores y de dos trabajadoras del centro. "Pero a día de hoy el Instituto Marista no ha podido tener acceso al contenido de esas declaraciones, contraviniéndose el legítimo derecho a la defensa contemplado en el artículo 24 de la Constitución Española".

Las conclusiones de los técnicos del Servicio de Protección de Menores, realizadas con las supuestas declaraciones de las dos trabajadoras, se contradicen con las de la Auditoría Interna de Gestión realizada por la institución con el testimonio de todos los trabajadores del Centro, así como tampoco concuerdan con las de otros agentes externos que han tenido contacto con los menores —tutores, orientadores escolares, médicos-pediatras y otros—.

Destacan que en ningún caso ha habido incumplimiento del convenio y "en todo momento se ha dado a los menores la atención que necesitaban, dentro de un ambiente familiar, de acuerdo con lo que recoge el Decreto de Acogimiento Residencial de Andalucía".

Cabe destacar "la contrariedad vivida y expresada" por los menores cuando el Servicio de Protección les comunicó su traslado a otros centros a raíz del inicio de resolución. Las manifestaciones de afecto a sus educadores al despedirse "hablan a las claras" de que se les había proporcionado un ambiente familiar —"su segunda familia", tal como los menores expresaron—.

Por ello, manifiestan "su sorpresa y total disconformidad" por "la parcialidad" con que se ha llevado este procedimiento y se reserva "el derecho de defender su imagen y honor ante las instancias que sea preciso".

Por su parte, la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social informó de que trasladó a la Fiscalía de Menores de Huelva el expediente abierto a un centro de protección de menores, con el que la administración ha cancelado el convenio existente, después de que los menores del centro dieran a conocer a la Administración posibles malos tratos por parte de los educadores.