Los acusados por una estafa en la Escuela Superior de Ciencias y Técnicas de la Empresa, S.A. (Escte), Ángel Altés y su hija Ana María, afirmaron durante la primera sesión del juicio que se sigue contra ellos que la denuncia de los alumnos ante los tribunales fue la que impidió culminar el proceso de validación del título de Gestión y Administración de Empresas por parte de la Universidad de Gales.

El juicio se inició este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid tras las denuncias presentadas por una veintena de alumnos después de que, supuestamente, los responsables de la Escuela aseguraran que tras cursar una carrera de cuatro años obtendrían el título de 'Bachelor in Bussiness Administration' por la Universidad de Gales, cuando no llegó a haber convenio entre ambas instituciones.

El administrador de la empresa, Ángel Altés, manifestó durante su declaración este lunes la "absoluta certeza" de que el proceso de validación de la titulación por la citada universidad británica iba a finalizar satisfactoriamente y afirmó que fue la denuncia de los alumnos la que provocó en su momento que no fuera así.

Según su declaración, la Escuela que administraba impartía —entre otros tipos de enseñanzas— las carreras de Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual con la validación de Gales, además de otra titulación superior como era Gestión y Administración de Empresas.

Tras adquirir la empresa en 2002, al año siguiente se decidió iniciar el proceso para solicitar la validación y en el curso 2005/06 estaba acordado y fijado el "evento de validación" pero la interposición de la denuncia a finales de 2005, según explicó Altés, fue la que motivó que se suspendiera el acto y no se concluyera el proceso.

Altés, en su declaración recogida por Europa Press, rechazó que en la publicidad que se hacía de la Escuela se ofreciera el título de Gales en los estudios de Gestión y Administración de Empresas, del que sólo podían ofrecer título propio del centro. En este sentido, aseguró que sólo en una ocasión de las 150 ó 200 veces que anunciaron en un periódico la Escuela salió "mal".

Asimismo, negó que los alumnos que cursaban estos estudios pagaran matrícula en Gales pero reconoció que una vez un error hizo que a ocho o nueve e ellos se les cobrase y no así a una docena de los estudiantes de otras carreras avaladas por la citada Institución, que sí tenían que pagarlo. Sin embargo, aseguró que se devolvió el dinero a los primeros y se reclamó el pago a los segundos.

"ruina" del negocio

Altés, quien aseguró que la situación les ha supuesto "la ruina", recordó que una delegación de Gales visitaba hasta tres veces al año la Escuela para hacer un seguimiento de las titulaciones que se impartían y nunca mostraron disconformidad con el proceso de validación, al que en esas visitas se hacía referencia en ocasiones. Así, insistió en que estaba seguro de que se iba a obtener la validación, prevista para enero de 2006.

El administrador de la empresa negó haber manifestado a los alumnos que ya se hubiera obtenido la autorización para impartir esta titulación por parte de Gales y añadió que solía pasar por las clases con el permiso del profesor para hablar de algunos problemas y también explicar cómo se encontraban estos trámites.

Altés considera que la información que se proporcionaba y la publicidad que se daba a sus títulos no inducían a error, algo en lo que coincidió con su hija, que realizaba trámites administrativos en la empresa por delegación directa de su padre. Ambos negaron que en la web de la Escuela se hiciese referencia a la validación de Gales en Gestión y Administración de Empresas, aunque el logotipo de esta Institución sí aparecía en los carnés que se proporcionaban a todos los alumnos y en documentación de los estudiantes de las carreras validadas.

Ana Altés incidió en que hasta el momento de la denuncia no habían tenido problemas con los alumnos y corroboró que se les dejaba claro que el título "no era oficial" pero que podía ayudar a entrar en el mercado laboral y añadió que Gales "era un plus" que se iba a dar a los alumnos.

Además de los acusados este lunes prestó declaración un responsable del British Council en España, quien visitó en varias ocasiones la Escuela en las labores de consultoría para Gales, y aseguró que se había planificado un viaje precisamente para la validación pero no llegó a realizarse por una deuda pendiente que podía arrastrarse de los anteriores propietarios de la empresa.

El testigo afirmó que es "muy arriesgado" decir que estaba "todo hecho" pero al mismo tiempo explicó que no se organizaban visitas si no había "altas posibilidades" de validación.

Por otro lado, aseguró que la relación terminó por la falta de captación de alumnos y manifestó su extrañeza por que alguien pudiera decir que "nunca" se iba a validar la titulación e incidió en que la documentación tenía que tener buenas probabilidades de aceptación para que se produjera una visita.

Cinco años de cárcel

La Fiscalía de Valladolid, en su escrito de calificación provisional, considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y solicita para cada uno de los encausados una pena de cinco años de cárcel, multas de 6.120 euros y el pago de indemnizaciones por valor global de 214.780 euros, además de otras cantidades que habrán de acreditarse en ejecución de sentencia.

En la causa también se encuentran personadas tres acusaciones particulares, una de ellas en representación de una docena de alumnos, otra como representante legal de tres estudiantes y una tercera que asiste a otros cinco perjudicados.

En el primero de los casos, el abogado Álvaro Gimeno Vela, que lleva a la mayoría de los damnificados, solicita para Ángel Altés seis años de cárcel y dos años para su hija, además de indemnizaciones por importe de 536.000 euros, dado el grave perjuicio creado a los denunciantes por el tiempo perdido de formación en años tan decisivos para la misma.

Los acusadores aplican como agravante el hecho de que la defraudación se ha cometido sobre un bien de reconocida utilidad social (la educación), así como en orden a los múltiples perjudicados.

Los hechos fueron denunciados el 19 de diciembre de 2005 por alumnos de la Escuela, de la que padre e hija eran administrador único y gerente de la misma, respectivamente.

Los acusadores sostienen que ambos, en fecha no determinada pero anterior al curso 2002-2003 y aprovechando que dicho centro impartía algunos cursos con titulación de la Universidad de Gales a través del oportuno convenio, publicitaron y ofrecieron la Licenciatura Europea de Gestión y Administración de Empresas con la promesa de que al finalizar los cuatro años de carrera los alumnos obtendrían el título de 'Bachelor in Bussiness Administration' por la Universidad de Gales, "a sabiendas de que dicho título no estaba homologado" por esta última.