Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de Baleares considera necesaria la comparecencia de la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, ante la jueza instructora del caso Peaje, que investiga un presunto desvío de unos 23 millones de euros públicos durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, al facturarse supuestamente obras privadas como si se tratasen de trabajos de la vía.

En un comunicado, la formación cree "sospechoso" que esta cantidad coincida con los 23 millones que Armengol aprobó tras hacerse con la presidencia de la Institución insular en 2007, por lo que ve "indicios suficientes" para que la también secretaria general de los Socialistas de Mallorca sea citada a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José.

Y es que, tal y como ha manifestado la formación de Juan Luis Calbarro, la magistrada y la Fiscalía han centrado sus investigaciones en el presunto desvío de dinero del presupuesto de la carretera de Manacor para realizar obras particulares en beneficio de los responsables políticos y técnicos de la dirección de las obras de la carretera.

Así las cosas, el partido ha denunciado públicamente desde mediados de 2009 el hecho de que, días antes de las elecciones de 2007, la Consellería de Obras Públicas del Consell, presidida por Antoni Pascual, aprobase una modificación de obra y presupuesto de la carretera de Manacor precisamente de 23 millones de euros, "saltándose todos los trámites preceptivos y sin disposición de crédito, y sin saber si las elecciones les permitirían seguir gobernando el Consell, presidido en esa época por Maria Antònia Munar".

Posteriormente, recuerdan desde UPyD, después de las elecciones de 2007, el Consell pasó a ser presidido en coalición con UM por la Armengol, que encargó tres informes jurídicos sobre la ampliación del presupuesto de la carretera de Manacor en 23 millones de euros. Estos tres informes fueron de la Secretaría Técnica de Obras Públicas (febrero de 2008), del Consell Consultiu de la Comunidad Autónoma (mayo de 2008) y de fiscalización de la Unitat de Subministrament i Contractació de la Secretaría Técnica de Obras Públicas (junio de 2008).

Tres informes que, según inciden, coincidieron en que "se produjo modificación ilegal de obra y de presupuesto; no había concurrencia de competencia, interés público y circunstancias imprevistas; las modificaciones eran nulas de pleno derecho; no siguieron los trámites preceptivos, y no dispusieron de crédito".

"A pesar de ello, Armengol decidió no pedir responsabilidades a los autores de la ilegalidad ni dar a conocer el asunto a la fiscalía, sino proponer nueva financiación de esos 23 millones, por hechos consumados", asevera esta formación. "Curiosamente la misma cantidad que con anterioridad había sido presuntamente desviada a obras particulares. Y, para más inri, repitió gobierno con UM y encargó al mismo Antoni Pascual y a sus técnicos Aguiar y Orejudo la conselleria de Obras Públicas y la carretera de Manacor", ha sentenciado.